EL VARAPALO del Tribunal Supremo a la venta de casi 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid, a la Sociedad Eucasa Cibeles, por 201 millones de euros, ha sido un mazazo para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, heredera de los efectos de una operación realizada durante la presidencia de Ignacio González En la que se incluyeron 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales, todos propiedad del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), lo que supuso una pérdida de unos 200 millones para las arcas públicas, pero también conllevó un perjuicio para los inquilinos, porque una gran parte eran personas que tenían dificultades para acceder a un piso a precio de mercado debido a que los alquileres eran reducidos, algo que no siempre respetó la sociedad compradora.
Ahora, con la venta anulada judicialmente, se abren varias interrogantes sobre lo que va a ocurrir con esos inmuebles. ¿Qué viviendas volverán a ser públicas?, ¿Qué pasará con los inquilinos?, ¿Cuándo se aplicará la sentencia?, que posiblemente no se pueda afrontar totalmente, pero la Comunidad de Madrid responsable de la transacción no ajustada a derecho, posiblemente tendrá que responder por los perjuicios causados a inquilinos y al fondo buitre Azora Goldman Sachs.
Un caso parecido ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, por eso la Audiencia Provincial, confirmó que el ex delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMUS) Fermín Oslé y el apoderado de la empresa Fidere Alfonso Benavides, vayan a juicio, por la presunta venta irregular en la época de Ana Botella como alcaldesa, de la venta de 1.860 viviendas públicas al fondo de inversión Blackstone. Juicio que determinará si se produjeron los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en la venta.
Un vocal del Tribunal de Cuentas, ha presentado un duro voto particular, contra el auto dictado por sus dos compañeros, que cierran la última vía para recurrir la absolución de Ana Botella y su equipo de gobierno por la venta a un fondo buitre, afirmando que actúan en contra de la jurisprudencia del Supremo. Recordar que este tribunal condenó en un principio a la que fue alcaldesa de Madrid, pero posteriormente revocó la sentencia y ahora impide que una concejal se persone para actuar en contra de la venta de las viviendas mencionadas. Pero llueve sobre mojado, el actual gobierno municipal, que preside Almeida, ignoró la voluntad de un acuerdo del pleno que votó a favor del recurso, cesando a la directora de los Servicios Jurídicos de la EMUS Paloma Herranz, blindando de esta forma a su compañera de partido, el problema es saber si lo conseguirá, porque todo puede depender de lo que digan en el juicio los dos citados. Lo triste es, que Ciudadanos ante estos hechos, mire para otro lado. "Boas Festas e Feliz Aninovo". Fin de la cita.
