PEDRO SÁNCHEZ y Pablo Iglesias, son conscientes de lo que les espera durante lo que dure la legislatura. El Ejecutivo tendrá enfrente, además de la oposición de las derechas radicalizadas, a poderes económicos, grupos mediáticos y los sectores más conservadores de la sociedad. El primer choque se produjo con el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace más de un año estando en funciones, pero mantiene la mayoría absoluta de la etapa de Mariano Rajoy. Siete de esos vocales -de los doce conservadores- todos propuestos en su momento por el Partido Popular, maniobraron para que el CGPJ se limitara a evaluar los méritos profesionales de Dolores Delgado, ex ministra y candidata del PSOE para dirigir la Fiscalía General del Estado, haciendo público un voto particular, donde en vez de evaluar su experiencia se dice que es parcial.
Una de las vocales del gobierno de los jueces, firmó su voto recurrente, en el que denuncia ataques del bloque de los representantes elegidos por el PP, para poner en duda la capacidad de la candidata propuesta a fiscal general del Estado. Concepción Sáez, explica que comparte la decisión de la cúpula del Poder Judicial, de avalar el nombramiento, pero afirma que la propuesta sometida a votación por el presidente Carlos Lesmes, "es incompleta por la llamativa omisión de la referencia a la idoneidad de la persona propuesta, que si se había incluido en los informes de este mismo Consejo en los últimos cuatro máximos responsables del Ministerio Público".
Ese mismo gobierno de los jueces de mayoría conservadora, que lleva más de un año en funciones, decidió la renovación de 43 puestos de alto nivel en los principales tribunales. De ellos 12 en el Supremo, 2 en la Audiencia Nacional, 14 en los superiores autonómicos y otros 15 en audiencias provinciales. Al frente de la institución desde el 14-12-18, sigue en funciones Carlos Lesmes elegido en 2013, que fue un alto cargo de los gobiernos de Aznar. El PP viene negándose a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, sin embargo cuestiona la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, una prerrogativa que pertenece al Ejecutivo como también hicieron en su momento los populares.
Volviendo al principio, es evidente que Sánchez e Iglesias tienen que cerrar filas. Este Gobierno será objeto de un bloqueo constante por tierra mar y aire. El líder del Partido Popular ha perdido el norte y va a la deriva. Está compitiendo con Vox por los votos y quiere ganar en los juzgados lo que no consiguió en las urnas. Ante esta situación cabe preguntarse; ¿Quién quiere de verdad controlar la Justicia? No es extraño este proceder conociendo que el mentor de Casado es Aznar, aquel que hablaba catalán en la intimidad, que pactaba con los que ahora son delincuentes y que tiene "colocados" en la cúpula del PP a políticos afines. Fin de la cita.
