En política casi todo puede pasar, y en cuestión de días. Pero parece difícil que en lo que queda de legislatura se levante el bloqueo al que está sometido el Consejo General del Poder Judicial por la negativa del PP a renovarlo si no se cumplen sus condiciones cambiantes y crecientes pese a que su mandato está caducado desde hace 4 años. La reforma exprés de la ley para permitir al CGPJ elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, lo que le permitiría al Gobierno hacer lo propio, rearma a la derecha, que ve cómo se va deshaciendo la mayoría que construyó en los diferentes órganos institucionales desde 2012 y que todavía perdura.
El PP cayó en la cuenta, ¿con sorpresa e indignación?, de que en las últimas décadas se produjo un trasvase habitual de cargos entre los poderes ejecutivo y Legislativo con el Judicial. Feijóo ahora, y Casado hasta que los suyos lo echaron, pusieron como condición para renovar el caduco Poder Judicial acabar con las llamadas "puertas giratorias", esto es, que responsables políticos no acaben en puestos relevantes de la judicatura y viceversa. El líder popular se parapeta así en esta reforma, junto a una amplia modificación legislativa que va más allá del gobierno de los jueces para mantener "el bloqueo en el que la derecha instaló al CGPJ primero y al Constitucional ahora".
En el PP saben de lo que hablan porque elevaron esta práctica a la categoría de virtud. Empezando por el actual presidente del CGPJ y del Constitucional, Carlos Lesmes, designado durante el Gobierno de Rajoy, cuya mayoría absoluta utilizó para blindar una gran mayoría conservadora en órganos institucionales. Se pueden incluir en esa lista entre otros a Fernando de Rosa, José Merino Jiménez, Margarita Mariscal de Gante y Enrique López consejero de Presidencia Justicia e Interior del gobierno de Ayuso. Proceso que también funcionó a la inversa. Con esta mochila el PP hizo de la independencia judicial el parapeto para no acceder a renovar el gobierno de los jueces, cuyo mandato va camino de los 4 años caducado. Un bloqueo que inició el partido de Casado y que se extendió al Constitucional.
Hace 2 años se publicó un primer informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en los 27 y 24 meses después, la evaluación sobre España en lo ya exigido en dos ocasiones, la falta de renovación del CGPJ en funciones por el bloqueo del PP es un problema. En efecto, el partido que lidera Feijóo lleva años desplegando una batería de justificaciones cambiantes para no renovar el órgano del Gobierno de los Jueces, que siguió haciendo nombramientos con la mayoría que salió de las elecciones de 2011 que ganó Rajoy. Este retraso sigue siendo motivo de preocupación para Bruselas.Que pensarás los españoles viendo que los encargados de hacer cumplir la Constitución no lo hacen apoyados por un partido que dice respetar la Carta Magna. Vergonzoso pero tenemos lo que merecemos. Fin de la cita.
