sábado. 19.10.2019 |
El tiempo
sábado. 19.10.2019
El tiempo

Varias sentencias políticas pendientes

EL PASADO lunes día 9, el rey Felipe VI presidió en el Tribunal Supremo, el acto de apertura de un nuevo año judicial, que marcará un antes y un después de la política reciente, con procesos en curso como la exhumación de Franco, los ERE de Andalucía, Pujol, Villarejo, Bankia, Bárcenas, Púnica, Lezo y Gürtel, este último en su primera parte, arrastró al gobierno de Mariano Rajoy y este otoño puede marcar el futuro de los ejecutivos autónomos de Madrid y Cataluña. Las sentencias pueden ser históricas, con un gobierno en funciones, las Cortes disueltas y los partidos políticos pensando más en sus intereses partidarios que en el de los ciudadanos, por lo que crece la posibilidad de nueva cita electoral en noviembre, especialmente después de la reunión entre PSOE y UP, cuyas posturas están lejos de un acuerdo. 

El arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, no permitirá que Franco sea enterrado en la cripta de La Almudena, pese a que la familia del dictador tiene un nicho en propiedad en la catedral, adquirido en perpetuidad en 1987, donde ya está enterrada su hija Carmen y su marido el marqués de Villaverde, alegando los mismos "motivos de seguridad" que en su momento planteó la Delegación del Gobierno madrileño. Después de muchos meses de silencio oficial, poniéndose de perfil y esperando la resolución del Supremo (lo hará próximamente), la Iglesia asume que el Alto Tribunal fallará a favor de la exhumación del dictador y que posiblemente permitirá a la familia enterrarlo donde desee. La novedad es, que la Diócesis hará valer la posible "gravedad de desórdenes públicos en el templo". 

El pleno del Ayuntamiento de Madrid del 29 de julio, aprobó por mayoría dos proposiciones que pedían que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, recurriese ante el Supremo la sentencia del Tribunal de Cuentas, que revocó la condena de Ana Botella y siete altos cargos de su gobierno, que fueran condenados a pagar 25,7 millones de euros, por el daño ocasionado por la venta de 1.860 pisos públicos a un fondo buitre. El nuevo alcalde madrileño, no solo desobedece dicho acuerdo plenario, alegando que es un gasto "estéril" (5.000 euros en un procurador con la posibilidad de recuperar 25 millones), sino que cesa a Paloma Herranz Embid, directora jurídica de la EMVS, encargada de presentar el recurso. Pero Ciudadanos mira hacia otro lado. "La mujer del César, además de ser honrada, debe parecerlo". 

Según unas declaraciones recientes de Iñigo Errejón, Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Corrupción, para investigar la relación que ha tenido la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso con la empresa Avalmadrid, por su posible implicación, en al menos cuatro delitos, entre los que estarían presuntamente el de alzamiento de bienes y tráfico de influencias. Fin de la cita.

Varias sentencias políticas pendientes
Comentarios