El próximo 14 de julio, si nada lo remedia, el Congreso aprobará con el apoyo de la mayoría de socios del Gobierno la ley de memoria democrática, una norma para el escándalo que se ha agudizado por el protagonismo y la influencia de Bildu después de que el Ejecutivo hiciera suyas varias enmiendas de los proetarras. Esta ley nace viciada por la imposible conciliación entre sus autores y los hechos y porque es discutible que una democracia pueda fijar la memoria civil por ley, más allá de prohibir expresiones de odio como la apología del terrorismo. Pero la obsesión revanchista ya iniciada por Zapatero de enterrar el legado de conciliación que convirtió la Transición en el monumento político más admirado de la España contemporánea dentro y fuera del país es un drama.
La historia, como ciencia, no avanza gracias a las componendas parlamentarias de un puñado diverso de sensibilidades partidistas. Aspira a fijar objetivamente los hechos acaecidos (pese a quien le pese), y a trabajar con documentos y testimonios y no con votos. La verdad no es opinión y a los hechos no se llega por consenso sino por conocimiento y por la libertad para expresarlo. Precisamente lo que faltó en el País Vasco para denunciar (y seguir vivo), porque Eta asesinaba a los que discrepaban de su proyecto totalitario de extrema izquierda nacionalista, el único relato posible.
El volantazo en la posición institucional socialista de más de cuatro décadas supone una decepción difícilmente asimilable, aunque congruente con los precedentes acumulados por la coalición socialista comunista. Tras estos años, es poco discutible que son capaces de todo en pos de su proyecto de involución política, social, cultural y moral, sin respeto por resorte ni principio alguno, incluidos aquellos medulares en los que se anclan todas las democracias del mundo.
Con esta ley el Gobierno pretende, de la mano de los albaceas de los verdugos, enhebrar un relato histórico que será de estudio obligatorio en la Eso y en Bachillerato, que blanquee de forma descarada a Eta, para que se la recuerde como una banda de idealistas que hicieron sufrir porque sufrieron. A las víctimas se les da la espalda y se las coloca en al mismo nivel que a los asesinos, los compadres de Otegi, que ya lo son también de Sánchez.
Si pactar con Eta deshonra a cualquiera, hacerlo en los días del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y secuestro de Ortega Lara es regodearse en la indignidad. Ahora los niños no saben quién fue Miguel Ángel Blanco y en ellos opera una inducción al olvido inversamente proporcional al esfuerzo dedicado a rescatar otros episodios: no sabían quién era Franco pero les sonaba el terrorismo, hasta que alguien decidió alterar el reloj histórico y dar saltos caprichosos en el tiempo.
La memoria democrática de España la escribirá Otegi, pero la firmará Sánchez, en la penúltima bellaquería de quien es capaz, como decía Siniestro Total, de bailar sobre la tumba de sus propios compañeros para garantizarse un día más en la Moncloa.
Nada de esto escandaliza a los propios que dependen de la oficina de colocación del partido, o a los votantes de piñón fijo que no cambian ni aunque les lleven a la ruina económica y moral. ¡Pero usted y yo, gente normal, libre y crítica no nos vamos a escandalizar y decirlo!
