EL PLAN de Reconstrucción Social y Económica pos- Covid otorga una nueva oportunidad a este Gobierno para evidenciar su absoluta falta de respeto por la libertad constitucional de enseñanza, al excluir de cualquier ayuda a la enseñanza concertada. Parece sugerirse que merecen menos protección los dos millones de alumnos de esos colegios y sus profesores que los de los públicos.
La ofensiva lanzada por el Gobierno contra la Concertada se basa en la presunta defensa y refuerzo de la enseñanza pública. Es una excusa perversa y maniquea, fundada en prejuicios ideológicos, para cargar contra un sistema que funciona desde hace décadas con excelentes resultados académicos y sociales. Este sistema, además, no es algo exclusivo de España, ya que países como Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Escocia, Suecia o Irlanda, entre otros muchos, tienen uno que es similar.
Este planteamiento sectario rechaza la pluralidad y trata de instalar el pensamiento único a través de los medios de comunicación y de la escuela. La libertad y pluralidad deben ir de la mano, ya que en una sociedad libre y plural las ideas, las creencias, los valores no se imponen, ni por la fuerza ni por otros medios más sutiles de coacción o manipulación, bastaría con proponerlos para que cada cual eligiese.
¿Por qué limitar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos? ¿Por qué ver en la escuela concertada una amenaza, y no una aportación positiva a nuestra realidad social? ¿Por qué «igualar» en lugar de respetar, valorar y alentar la diversidad?
Cada ataque a este sistema supone un retroceso a esa libertad de enseñanza y nos encamina apresuradamente a la escuela única y al monopolio educativo, y con ello, al riesgo de adoctrinamiento. Si solo hubiera escuela pública, no cabría elección, ya que no se puede elegir entre lo único. Este derecho recogido en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 27 de nuestra Constitución, obliga a la Administración a garantizar la prestación del servicio educativo, pero no a prestarlo directamente, porque «derecho a la educación» no es «derecho a la educación pública». Tampoco se sostiene el recurrente mantra intervencionista de «el dinero público para la escuela pública », que sería algo así como que la Administración se gaste «su» dinero en sus colegios. Pero es que ese no es su dinero, sino el de los contribuyentes, y este debe invertirse en la enseñanza que ellos elijan, no en la que se les imponga.
Hablando de dinero tampoco debe olvidarse que la Concertada ahorra, según datos del Observatorio de la Educación Pública, unos 1.200 euros por alumno y año, además de lo que supondría para el Estado la construcción o adquisición y mantenimiento de más de 2.500 escuelas e institutos para atender la demanda educativa de todos los alumnos.
Para los que pregonan que quienes quieran elegir se lo paguen de su bolsillo, hay que recordarles que los conciertos no subvencionan a empresas sino a personas para que puedan ejercer sus derechos. Son el vehículo legislativo que garantiza el derecho fundamental a la libertad de enseñanza, síntoma y requisito de madurez democrática. Asimismo, garantizar la variedad de enfoques educativos supone una riqueza cultural y humana, y aviva la competencia y la capacidad de mejora entre centros educativos.
