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Muerte a la pena de muerte

EN SU PAPEL de liderazgo moral, el Papa Francisco ha dado un golpe de coherencia a la doctrina de la Iglesia y ha realizado una modificación del Catecismo declarando “inadmisible” la pena de muerte y manifestando el claro compromiso de la Iglesia con su abolición en todo el mundo y con la defensa una vez más del derecho a la vida.

En la actualidad la pena de muerte existe aún en un centenar de países, de los que al menos cinco la aplican con vigor. Según los últimos datos de Amnistía Internacional, en 2017 se registraron 2.591 condenas a muerte en 53 países y se tiene constancia de que a finales de ese año al menos había 21.919 personas condenadas a esa pena.

La pena de muerte es una aberración y una reliquia anticuada que describe muy bien Arthur Koestler cuando dice que "el patíbulo no es sólo un instrumento de muerte sino un símbolo. Es el símbolo del terror, de la crueldad y del desprecio por la vida; es el denominador común de la ferocidad primitiva, del fanatismo medieval y del totalitarismo moderno". Parte de una errada visión que conduce al embrutecimiento de la sociedad al entremezclar justicia y venganza. Se supone que el ojo por ojo conforta a la familia de la víctima y asegura que el autor del crimen no lo repita pero esto no es verdad. A menudo la presión de los familiares que llevan tiempo esperando una condena o los políticos ansiosos por mostrarse duros contra el crimen, en especial los más mediáticos, desencadena en procesos que sacrifican los derechos de los acusados en nombre de la rapidez. 

Numerosos estudios revelan que en países como los EE.UU., los condenados a muerte son los más pobres, menos educados e integrantes de minorías raciales. Además los jurados de mayoría blanca son más proclives a esta pena cuando los acusados son latinos o afroamericanos, y es más probable que se condene a la pena capital cuando la víctima es de raza blanca que de una minoría.

La pena de muerte no imparte justicia, porque precisamente los principales países ejecutores son los que cuentan con sistemas judiciales más cuestionados por su falta de garantías de juicio justo. Asimismo, desde el punto de vista criminológico, está demostrado que la pena de muerte no resuelve el difícil y complejo problema de la criminalidad, porque ni previene el crimen, ni reforma a los criminales, ni aumenta la seguridad de los ciudadanos. Tampoco es disuasiva, a pesar de que existe la idea de que con su aplicación los crímenes disminuyen. Estudios como el realizado en Japón con datos policiales por Muramatsu, Johnson y Yano en 2017, concluyen que esa pena no evitaba los delitos graves.

La vida de cada hombre es sagrada y un derecho humano fundamental, inalienable y consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si ya es difícilmente tolerable las veces que se atenta contra ella en guerras y conflictos armados, o mediante el terrorismo o la delincuencia, resulta intolerable que algunos países lo hagan respaldados por el poder judicial. Además el riesgo a cometer un error y ejecutar a un inocente debería ser causa más que suficiente para rechazar esta pena.  

Hago mías las palabras del político indio Jaya Praksh Narayan de que "no tengo la menor duda de que el trato humano, incluso a un asesino, acrecienta el respeto por la dignidad de la persona y hace que la sociedad sea más humana", y hoy más que nunca toca aplaudir a la Iglesia por su iniciativa. 

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