Opinión

Sánchez y los impuestos

UNO DE los aspectos más penosos del debate económico en España es que aquellos que se vanaglorian de defender “lo público” son precisamente los que lo hacen insostenibles y lo llevan a la quiebra.

En España un pensionista medio cobra unos 970 € al mes, más que en Finlandia (495), Dinamarca (538 más un pequeño complemento), Irlanda (589), Reino Unido (587), Austria (953), Francia (entre 700 y 800), Holanda (900) o Bélgica (878). La media del conjunto de países europeos es 812 € mensuales, con costes de vida, en todos los casos mencionados, superiores a España.

Tenemos un sistema de pensiones que se ha hecho insostenible por que la destrucción de empleo ha generado un importante déficit de la Seguridad Social por la reducción de ingresos por cotizaciones. La reforma laboral no es la causante del déficit, es la solución. Si en 2011, por cada nueva pensión se perdían 3 afiliados, ahora por cada nueva pensión se crean 7 empleos. Además, los ingresos por cotizaciones y la recaudación líquida total de la Seguridad Social ya crecen.

Entre las medidas que baraja el Gobierno de Sánchez para aumentar los ingresos de la Seguridad Social y hacer sostenible el sistema de pensiones está la eliminación de los topes de las bases máximas de cotización (lo que se conoce como “destope de máximas”). ¿Pero esto qué significa?, pues en definitiva más impuestos.

Actualmente, los empresarios y los trabajadores aportan a la Seguridad Social el 28,3% del salario de cada trabajador (el 23,6% la empresa y el 4,7%, el trabajador); es lo que se denomina cotización por contingencias comunes. Por esta vía se recaudan algo más de 10.000 millones de euros que son la fuente principal de financiación de las pensiones. No obstante, esta aportación del 28,3% no se aplica a todos los salarios, sino que hay un suelo mínimo y un techo máximo que cada año fija la ley.

Así en 2018, la base mínima de cotización de los trabajadores asalariados se fijó en 1.199 € y la máxima en 3.751,20 € al mes (unos 45.000 € anuales). De esta forma, toda la parte del salario que supere esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social porque tampoco acumulan más derecho a pensión. Si ahora Sánchez eliminase el destope de las máximas y no se subiese la pensión máxima estaríamos ante una confiscación de libro, se cotiza más pero no se tiene derecho a mejor pensión. 

Esta medida implicaría de hecho aumentar un 25% los costes laborales de los trabajadores que ganan 45.000 € o más al año, con un doble efecto negativo: subida de impuestos y de los costes de contratación, lo que perjudicaría el consumo y el empleo.

España ya tiene uno de los impuestos al trabajo y de cuotas sociales más altas de OCDE, lo que supone un grave escollo a la contratación, con efectos negativos para el crecimiento y la recaudación. Subir esas cotizaciones es un coste adicional al empleador y también al empleado que hace que su sueldo bruto pueda llegar a ser más del doble de lo que ve en la nómina. Curiosamente, todos los sistemas que han subido de impuestos en la Eurozona para “garantizar las pensiones” han conseguido lo contrario. 

Tal vez lo ideal sería orientar el sistema español a un sistema mixto de reparto y capitalización, como en Suecia o en los países nórdicos. Los efectos de nuestra crisis demográfica (vivimos más y tenemos menos hijos) no se solventa subiendo impuestos, sino aumentando el empleo, atrayendo más empresas e inversiones y mejorando la productividad.  
 

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