Opinión

Suenan campanas en Distralandia

La Mesa del Congreso ha aprobado la solicitud presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para crear una comisión de investigación parlamentaria sobre los abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia Católica.

Seguramente pocos delitos son más abyectos y conmuevan más que los de carácter sexual por la identidad y condición de sus víctimas. Son una vileza que debe ser perseguidao sin descanso hasta el enjuiciamiento de sus autores. Según un informe de obligada lectura de la Fundación Anar, entidad que atiende a menores en situación vulnerable, los abusos se cometen sobre todo en el ámbito familiar y en el entorno más próximo a las víctimas (8 de cada 10 casos), mientras que los abusos perpetrados por religiosos constituyen solo el 0,2 % del total.

Tristemente en España las causas más nobles terminan siendo la carnaza ideológica de una izquierda que solo busca crear comisiones para encauzar su sectarismo. No parece que a sus señorías les interese el problema en su auténtica dimensión, no es la pederastia lo que les inquieta sino el señalamiento de una institución. Además, recurren a la trampa de siempre: o se apoya la comisión o se está a favor de la pederastia.

El sesgo de esta investigación, viciada desde su origen (según los datos), centra su ira en la Iglesia y silencia la gran mayoría de casos de pederastia, olvidando a sus víctimas. Es una muestra más de la degradación del Parlamento en esta legislatura, dedicado a la propaganda y con una inquietante querencia a erigirse en una suerte de tribunal político ideológico.

Cabe recordar que no puede perseguirse a las instituciones por los excesos de sus miembros, ya que como nos recuerda la Constitución y el Código Penal, los delitos son siempre individuales. Juzgar a los responsables, sobre los que debe caer todo el peso de la ley, es una obligación legal y moral indubitada, como ha defendido siempre el propio Papa Francisco. Además, en la actualidad, pocas entidades como la Iglesia, han manifestado un mayor deseo de levantar las alfombras y tirar de la manta, como demuestra la comisión creada por la Conferencia Episcopal hace tres años, para erradicar de su seno a sus miembros indignos, reparar a las víctimas y colaborar con la Justicia.

Peso a todo, nada es suficiente para los que al calor de un problema insoportable que enerva a toda la sociedad formulan una causa general contra la Iglesia, en la misma línea ideológica que busca la exclusión de la Religión del programa lectivo o la discusión sobre los bienes inmatriculados, un problema administrativo que afecta a escasos inmuebles.

Estamos ante una campaña guionizada, una nueva maniobra de distracción que busca criminalizar a la Iglesia y caricaturizarla como un nido de pederastas. Mientras tanto, los que han puesto en marcha esta iniciativa, se ponen de perfil en los casos de abusos a menores tutelados por organismos públicos en Baleares o en la Comunidad Valenciana.

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