LA MAYORÍA de los ciudadanos ven a los empresarios como emprendedores que crean riqueza para la sociedad obteniendo a cambio beneficios razonables. Otras mentes más desordenadas los consideran como los lobos a batir o vacas a las que hay que ordeñar.
A este grupo pertenece el Gobierno si se escucha la agresividad que muestra el presidente hacia las empresas energéticas, "que hacen el programa y llevan del ronzal al PP", y los bancos como si fueran las responsables de los males que azotan ahora al país. Esta demonización aún es más sorprendente porque no concuerda con la socialdemocracia que siempre consideró a los empresarios como colaboradores imprescindibles.
Comparen este lenguaje duro hacia las eléctricas con el de Ursula von der Leyen: "Hoy proponemos poner un tope a los beneficios de las empresas que producen electricidad. Están acumulando ganancias… No me malinterpreten. Hacer beneficios es positivo, pero en estos momentos esos beneficios deben compartirse y tienen que canalizarse a quienes más lo necesitan". Fue su manera empática de pedir la contribución solidaria a las eléctricas para ayudar a las personas más vulnerables con una tasa "sobre beneficios", no sobre facturación como quería el Gobierno español, que deberá corregir su propuesta.
Debe también acabar con el despropósito de los ataques a las energéticas y a la banca y dejar de responsabilizarlas de extrañas conspiraciones, de la inflación y de las penurias que padece la gente. Parece que el ala socialista del Gobierno adoptó el ideario de Podemos y se apropió de sus latiguillos "ricos y pobres, los de arriba y los de abajo" para criminalizar a los empresarios que desempeñan la función de crear trabajo y producir riqueza en una sociedad libre.
La arremetida contra las eléctricas y la banca —pronto lo harán con más— atenta también contra la seguridad jurídica que, si es amenazada, ahuyenta los inversores. El dinero busca entornos seguros donde los empresarios que obtienen beneficios invierten, mantienen el empleo, generan riqueza y suelen ser socialmente solidarios.
Las tasas a las eléctricas, que pocos cuestionan, conseguirá rebajar la factura de la luz, no así el impuesto a la banca que puede tener efectos no deseados. Directivos del sector sostienen que si se implanta ese tributo tendrá consecuencias en el empleo, la inversión y en el precio de productos y servicios, que el Gobierno no puede controlar, y pagarán los clientes.
Por eso, para los gobiernos y el país es más beneficioso el diálogo y el acuerdo con las empresas que los golpes de autoridad intervencionista.
