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La huelga de la justicia

EN SEPTIEMBRE de 2010, los sindicatos convocaron una huelga contra las políticas del Gobierno y el líder de Comisiones Obreras calificó aquel paro general como "una gran putada", que el diccionario de la RAE define como "acción malintencionada que perjudica a alguien". Aquella huelga perjudicó a España, que salió del conflicto más debilitada, y a los trabajadores, porque nada cambió para ellos en el entorno global de los mercados y de las directrices de Europa.

Rescato del recuerdo aquel conflicto laboral a propósito de la huelga gremial de la justicia que también merece el calificativo de gran putada para los gallegos, perjudicados por la paralización de un servicio público esencial.

El final de toda huelga pasa por el diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos que en este caso parecía cercano con la oferta de la Xunta que mejoraba sustancialmente las condiciones de los trabajadores. Pero tres sindicatos no solo rompieron el preacuerdo, también impidieron su ratificación hostigando e intimidando a los funcionarios para impedir la votación libre.

Los sindicatos que reventaron el acuerdo piden que la Xunta 'subvencione' su huelga con el dinero de todos. Lo nunca visto

Además, piden lo imposible. El vicepresidente de la Xunta dijo en la Radio Gallega que exigen el blindaje salarial de los trabajadores de la justicia como los cuartos mejor pagados de España y que las peonadas para recuperar el trabajo perdido por la huelga las hagan solo los funcionarios huelguistas para que recuperen el dinero descontado. Es decir, los sindicatos que reventaron el acuerdo piden que la Xunta subvencione su huelga con el dinero de todos. Lo nunca visto.

En tres meses se fueron dos presidentes del comité de huelga, se desmarcaron otros sindicatos, los funcionarios están cansados y a los ciudadanos nos parece indecente la radicalidad de los tres sindicatos que no aceptan la oferta salarial y otras mejoras que ya quisieran la mayoría de los trabajadores gallegos.

Pero no se ve el final del túnel porque estos sindicalistas defienden los intereses de otros amos que quieren cobrar la cabeza del vicepresidente y no les importa perjudicar a los gallegos.

Allá ellos. Los funcionarios de la justicia decidirán cuando toque si quieren que les representen unos burócratas liberados que están fuera de la realidad o unos sindicalistas responsables que muestran tanta firmeza en defensa de sus afiliados como flexibilidad para salvaguardar los intereses generales de Galicia. Que también son los intereses de los trabajadores.

La huelga de la justicia
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