Recuerdan el episodio del submarino S-80?. Se hundía por el peso, decidieron aumentar su eslora de 71 a 80 metros y después no cabía en los muelles de la base naval de Cartagena. La broma costó años de retraso en la renovación de la flota de la Armada y 2.000 millones. Una minucia.
La chapuza le toca ahora a los trenes de Cantabria y Asturias tras un fallo en el diseño que engordó tanto los vagones y no cabían por los túneles. Es el error de cálculo más ridículo y sonado de la historia ferroviaria española que daría un buen guion para una película de Berlanga.
La ministra de Transportes, tan diligente insultando a la oposición, descuidó sus funciones en el ministerio, pero anunció ceses inminentes por el despropósito y cumplió su palabra cesando a dos técnicos ya amortizados de Adif y Renfe, que no son los peces gordos que reclamaba el presidente cántabro, pero sirven como chivos expiatorios que cargan con la responsabilidad y tapan el escándalo.
Solo falta la dimisión o el cese político. La ministra, como todo dirigente, tiene entre sus funciones planificar y fijar objetivos, organizar los medios, dirigir a su equipo para alcanzarlos y controlar el desarrollo de los mismos. Es de primero de Dirección de Empresas que la responsabilidad nunca se delega.
Por eso, este descontrol conllevaría la dimisión del más alto responsable o su cese en cualquier país de nuestro entorno. Pero en este país singular nadie asume responsabilidades políticas aunque la consecuencia sea que los 31 trenes tendrán que ser rediseñados y tardarán años en entrar en servicio con la importante pérdida de recursos públicos.
"Me gustaría ser extranjero para reírme", decía un personaje de Mingote. Cántabros, asturianos y demás españoles no merecemos pasar por este ridículo que constata que la chapuza nacional llega al ámbito de la gestión política por la irresponsabilidad de los dirigentes públicos.
Una nota a pie de página. El esperpento de los trenes en vía muerta deja, al menos, dos simulacros de ceses. En cambio, los delincuentes sexuales saliendo de las cárceles o beneficiados por la reducción de penas por la ley del solo sí es sí, para indignación de las mujeres agredidas, no produjo dimisiones ni ceses.
La ministra de Justicia, obligada a asumir la chapuza de una ley sin tener parte en su gestación, acabará pagando los efectos no deseados. Mientras la promotora, su colega de Igualdad, descarta dimitir, se opone radicalmente a la reforme de su ley y tampoco es cesada. Un caso digno de estudio en las facultades de Derecho y Políticas.
