ES UN LUGAR común que habitualmente el Gobierno pierde las elecciones, no las gana la oposición. En los ejecutivos contemporáneos el control de la agenda política y de la comunicación más la subordinación de los parlamentos deja a la oposición con poca capacidad para fijar la agenda. Es el desgaste de gobernar más los errores o fracasos lo que crea las condiciones para el cambio, más que la acción política de la oposición.
Durante la crisis de los menores de Ceuta hemos visto al presidente popular de esa ciudad pactar primero con el ministro del Interior y luego con el presidente del Gobierno la política que más gusta a los partidos de la derecha, la devolución de los inmigrantes ilegales. En la evacuación de Afganistán el PP ha tenido que aplaudir a los funcionarios y militares que sobre el terreno han hecho lo que han podido mientras que la actitud del Gobierno de España ha sido la misma de los últimos veinte años, gráficamente expresada por el secretario general de la Otan: dar apoyo al Ejército norteamericano.
En cuanto a la factura de la electricidad, la actuación de los gobiernos populares no permite al PP levantar la voz, pues han cambiado las circunstancias pero no el modelo del sistema eléctrico. Así, las declaraciones diarias durante el mes de agosto del presidente popular, Pablo Casado, han parecido siempre irreales, ligeras como el estío.
Por el contrario, en un ejercicio de pragmatismo sin precedentes, el socio minoritario del Gobierno ha formulado una propuesta concreta para incidir en el precio que pagan los consumidores, las industrias y que repercute en el IPC. Frente a su anterior propuesta, crear una empresa pública para gestionar las centrales hidroeléctricas en régimen de concesión que agoten su vigencia, cuyos supuestos beneficios tardarían muchos años en ser evidentes, ahora ha propuesto actuar directamente sobre la formación de precios en el mercado mayorista de la electricidad. Una propuesta concreta que ningún otro político, tampoco la oposición, ha puesto a debate.
Como se sabe, el precio de la electricidad se fija en un mercado diario en el que las distintas fuentes energéticas se suman para producir lo que el mercado demanda. Los precios se fijan por horas, marcando el precio la última tecnología en ser incorporada. El orden de entrada es de menos a más caro. Teóricamente el sistema, similar al de otros países europeos, facilita que en el mix resultante el peso de las energías renovables, eólica fundamentalmente, sea muy elevado. En la práctica no producen lo suficiente y deben acompañarse de otras fuentes energéticas. Es más, en los grandes picos de demanda, por ejemplo la semana pasada, la producción era muy inferior a la de fuentes no renovables.
Como el sistema no puede depender del viento ni del sol, es necesario tener instalada una potencia muy superior para garantizar la cobertura en todo momento. Por ejemplo en el día de ayer, la energía renovable solo produjo el 51% del total. Por otra parte el precio del gas está distorsionado como consecuencia de la enorme demanda mundial con China de nuevo presionando los precios. En lo que llevamos de año, en España la energía eólica ha producido la cuarta parte del consumo, seguida de cerca por la energía nuclear, mientras que el gas, a través de los ciclos combinados, es responsable de algo más del 10 por ciento.
La propuesta de Unidas Podemos consiste en implantar un precio fijo para la energía nuclear, una fuente constante, y poner topes a la generación hidroeléctrica. Anotemos que la propuesta acepta implícitamente la generación nuclear. La ministra Teresa Ribera la ha desestimado al considerarla incompatible con las normas comunitarias si bien luego se ha mostrado favorable a su estudio. La propuesta tiene la ventaja de llevar el debate a aspectos concretos, como es la formación del precio, huyendo de maximalismos teóricos.
Si los derechos de emisión de CO2 se han convertido en un mercado especulativo, si no es posible incrementar la producción de gas, solo se puede actuar sobre el mecanismo de precios tratando de no perjudicar la libre competencia ni las inversiones necesarias por parte de la industria generadora. Es lo que el Gobierno intentó tímidamente el pasado mes de julio al actuar sobre la fiscalidad de la factura eléctrica.
