LA SEGUNDA ola de la pandemia ha llegado con fuerza, situando de nuevo a España como el segundo país de Europa por número de casos, con una tasa de incidencia muy superior a la de la mayoría de los países de nuestro entorno. La rápida escalada de brotes y casos, si bien con menor gravedad sintomática que en primavera, nos acerca a los peores datos que hemos vivido.
Los países europeos han tomado buena nota, recomendando a sus ciudadanos que no viajen a España y disuadiendo a los españoles de hacerlo allí, mediante cuarentenas o exigencia de pruebas diagnósticas. La temporada turística está definitivamente arruinada con las consecuencias laborales previsibles.
Si en marzo las medidas de confinamiento prorrogadas durante dos meses fueron consideradas excesivas aunque eficaces, bajo la presión política y económica en junio se relajaron de forma acelerada. En muchos lugares la transición entre las últimas fases se produjo no ya en semanas sino en días. Es improbable que ambas decisiones fuesen correctas a la vez, el confinamiento total y prolongado con la desescalada vertiginosa. Por otra parte si en marzo los errores de imprevisión y retraso podían ser disculpados por el desconocimiento de la gravedad de la pandemia, en agosto no cabían sorpresas.
Por ello si ahora faltan rastreadores o si los mecanismos de control sobre aglomeraciones fallan, no ha lugar a las disculpas. Los poderes públicos están fracasando en varios planos: desinterés por diseñar un marco normativo adecuado, descoordinación en las medidas, falta de autoridad, insuficiencia de medios, etc. Peor aún, a menos de un mes del comienzo del curso académico, no hay instrucciones claras sobre lo que se hará. Las familias están viviendo con la incertidumbre de tener que prorrogar el cuidado de sus hijos en setiembre y conciliarlo con la vida laboral.
La doble oleada ha puesto al desnudo nuestras deficiencias colectivas. Tenemos un aparato administrativo elefantiásico repartido entre el Gobierno del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, con graves problemas de comunicación entre los distintos niveles, no sólo de orden político, sino también en los mecanismos de coordinación e incluso de información. Como ejemplo, el desastre de las estadísticas de la pandemia. Por otra parte los diferentes poderes han evitado rodearse de equipos científicos independientes, optando por el asesoramiento de funcionarios subordinados y ocasionalmente de algún experto externo.
Frente a las instituciones rigurosas y eficientes, o robustas como ahora se dice, garantía de servicios públicos de calidad, disponemos sobre todo de instituciones burocráticas, productoras de numerosas normas pero poco acostumbradas a la evaluación de resultados o a la rendición de cuentas. Los poderes políticos en España tradicionalmente han desconfiado de las Administraciones profesionalizadas y de la transparencia de sus actuaciones. Quien tenga curiosidad puede ilustrarse en los Portales de Transparencia del Gobierno, autonomías o municipios para comprobar como la opacidad no sólo afecta a la Jefatura del Estado, sino que es rasgo distintivo de los organismos españoles. Si el lector curioso extiende su mirada a la selva de los organismos autónomos, unos 20.000, se encontrará no ya con la opacidad relativa sino con un muro de silencio.
Estamos en medio de la catástrofe económica con Bruselas lanzando un salvavidas muy potente. La duda es si seremos capaces de aprovecharlo en su totalidad o si las deficiencias notorias de nuestras Administraciones nos llevarán a dejar sin ejecutar una parte relevante de esos fondos que vienen con condicionalidades varias, de finalidad, de forma o de plazo. Teniendo en cuenta los antecedentes de los últimos años, no hay motivos para el optimismo excesivo.
