EL PRÓXIMO 28 de abril puede que nos enfrentemos a unas de las elecciones generales más trascendentales de los últimos 40 años de democracia en España. Y lo haremos ante la expectativa de uno de los resultados más inciertos. Pocas veces, quizá nunca, haya estado el abanico tan abierto. El bipartidismo ya es historia y las mayorías absolutas monocromas también. Aunque no me fío en absoluto de las encuestas interesadas (basta con recordar el tremendo fiasco que se llevaron todas en las recientes elecciones andaluzas), lo que sí parece evidente es que van a ser necesarios pactos postelectorales para crear un Gobierno. Con lo que lo más importante será saber a quién otorgan los españoles su confianza para liderar esa labor. Confío en que una vez más el pueblo español ponga de manifiesto su sabiduría y su cordura y que el que gane sea el sentido común.
En un momento tan convulso como el actual la sociedad española reclama fundamentalmente dos cuestiones. Dos cuestiones de sentido común. Aparentemente sencillas y muy concretas. Pero que nadie, de momento, se ha atrevido a abordar en profundidad y con rotundidad.
La primera es la estabilidad, algo que hoy sólo están en condiciones de garantizar los partidos constitucionalistas.
La segunda es una reducción de la carga impositiva que permita que tanto los ciudadanos como las empresas dispongan de más recursos.
Al día siguiente del anuncio de la fecha de las elecciones Pablo Casado anunció, y cito literalmente, una "revolución fiscal" y "bajar todos los impuestos" nada más llegar al Gobierno. Esa tan necesaria "revolución" anunciada por el candidato popular incluye medidas como la reducción del tramo más alto del IRPF por debajo del 40%, el de Sociedades por debajo del 20% y la eliminación de los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, así como el de actos jurídicos documentados.
No es para nada mi objetivo hacer apología de una u otra opción, pero no puedo dejar de reconocer que me ha congratulado el que muchas de esas medidas coincidan con algunas de las que yo vengo reclamando de forma reiterada prácticamente desde el momento mismo en que se puso en marcha esta sección.
Y no es la única coincidencia. En muchas ocasiones he señalado también que los puestos de responsabilidad política deben ser ocupados por los mejores en cada área y por aquellos que hayan demostrado su valía, más allá de otras consideraciones. Es por ello que también me he alegrado de que Pablo Casado haya recuperado a una figura como la de Manuel Pizarro para su equipo económico. Dar entrada una persona como Pizarro, un economista y jurista de incuestionable capacidad, puede resultar una muy buena jugada. No ya solo por lo que aporte al partido, sino por lo que puede suponer de credibilidad y atractivo para los electores.
Y en eso se basa el sentido común. En anteponer la comunión de intereses y voluntades con el pueblo antes que con el interés partidista. Y, repito, estoy absolutamente convencido de que lo que los españoles van a hacer el 28A será un enorme ejercicio de sentido común. Otra lección.
