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Desproporcionadas y costosas obligaciones

ES PERFECTAMENTE comprensible, y así lo entiende ya la mayor parte de la sociedad, que en ocasiones los gobiernos adopten medidas legales para proteger a determinados grupos de personas especialmente vulnerables.

No menos cierto e incuestionable es que cada día en nuestra comunidad cierran varios pequeños negocios. Cinco en cada jornada leí en una reciente información. Podríamos, por lo tanto, considerar a estos pequeños empresarios un colectivo vulnerable.

Dicho lo cual, si se puede llegar a entender que se legisle para defender a personas en situación de vulnerabilidad, también se podría entender que igualmente se legisle para defender a los colectivos vulnerables como las pequeñas empresas.

Pero no, no ocurre así sino que la realidad es absolutamente la contraria. Se legisla pensando exclusivamente en las grandes empresas como si todas lo fueran. Y lo peor es que por encima se pretende que los pequeños empresarios cumplan con toda esa serie de obligaciones absolutamente desproporcionadas y ajenas a su dimensión, estructura, actividad y necesidades que se traducen en un elevado gasto. Un absoluto sinsentido que un buen amigo ha tenido que padecer en primera persona hace unos días. Les cuento.

De buenas a primeras hace unos días recibió, no ya en la puerta de su negocio, sino en el interior del mismo la visita de una inspectora. Recalco lo de que llegó hasta la cocina porque hoy en día hay negocios que compatibilizan su faceta abierta al público con la de home office, por lo que lo oportuno y educado es siempre tocar al timbre antes de entrar. Así se lo hizo saber. Al igual que también les informó que la actividad / epígrafe por la cual recibía la inspección no estaba operativa en ese momento.

Poco importó. Al contrario, todas estas puntualizaciones no parecieron gustarle. A partir de ahí las relaciones posteriores ya no fueron todo lo fluidas que deberían ser. E insisto, el empresario inspeccionado dejó claro en todo momento su voluntad de cooperar en aquello que tuviese conocimiento, facilitar todo lo necesario para la realización de la inspección y subsanar aquellas cuestiones que se detectasen, si las hubiere. Y una vez subsanadas, acreditar y notificar que así se había hecho.

Pues bien, en una semana el negocio de este pequeño empresario ha recibido cuatro visitas de inspectores. Cada una de ellas, aproximadamente, de tres horas de duración. ¿Con qué sentido? ¿Con qué objetivo? ¿A cuento de qué? Si ya todo estaba en marcha.

Resulta irritante que se ejerza esta presión sobre los pequeños empresarios y autónomos, con la complicidad de unos dirigentes que miran para otro lado cuando viven de lo que generan estos en el mercado libre. Hasta el punto de que prácticamente se les imposibilite el desarrollo de su actividad con requisitos, burocracias y obligaciones totalmente desproporcionadas. Pero no pasa nada. En poco más de un mes tendremos nuevas elecciones pero nadie hablará de esto. Aun cuando si seguimos dejando que nuestro tejido empresarial de base se desangre vamos a sufrir, y mucho, sus consecuencias.

Desproporcionadas y costosas obligaciones
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