Opinión

Si es un acuerdo, hay que cumplirlo. Fin de la cita

NO DESCUBRIRÉ nada nuevo si digo que entre nuestra clase política abunda lo que en Galicia denominamos "falabaratos". Ya saben, personajes que en un momento dado, principalmente cuando se hallan ante su clan de acólitos y palmeros, se vienen arriba y dejan caer promesas aun a sabiendas de que seguramente no van a poder cumplirlas. En casos así tanto el político en cuestión como quien lo jalea suelen ser conscientes de que lo dicho no pasa de una declaración de intenciones, apropiada para el momento, y que después ya se verá.

Lo que ya no es tan común, y en el caso de que lo que voy a narrar llegase a suceder se convertiría en algo inaudito, es que se incumpla algo que está firmado, con luz y taquígrafos. Me refiero al reciente acuerdo de investidura que sellaron PSOE y BNG. Y más en concreto al punto referido a la AP-9.

Es cierto que ese acuerdo recoge otra serie de apartados cuyo desarrollo tendrá que tener lugar necesariamente a lo largo de la legislatura. Cuestiones como el avance en el refuerzo de la capacidad de decisión del autogobierno gallego, el apoyo a la lengua gallega, reforzar la agenda industrial de Galicia o la modernización de la red interior ferroviaria de la comunidad no dependen de la ejecución de una única y muy concreta medida sino que engloban un conjunto de actuaciones que lógicamente se dilatarán en el tiempo.

Pero no es el caso del punto del acuerdo referido a la AP-9 en el que se cita, y transcribo literalmente, "incluir esta autopista en los esquemas de compensación para la rebaja de los peajes que se pongan en marcha para las concesiones de largo plazo aún vigentes, garantizando como mínimo la bonificación del 100% del peaje para los usuarios recurrentes (dos veces o más al día), tanto particulares como profesionales, durante todos los días de la semana". El coste de esta bonificación corre a cargo de los Presupuestos del Estado y se aplicará a partir de la aprobación de los PGE de 2020. Más claro no se puede decir.

A pesar de ello me inquieta que en los últimos días algunos destacados miembros del PSOE comiencen a puntualizar las condiciones de este punto del acuerdo. Este mismo domingo en las páginas de este diario la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Darriba, solicitaba cautela. "Tendremos que esperar al debate de los Presupuestos Generales del Estado y ver las disponibilidades presupuestarias que tenga el Ministerio. Hay que ser cautos", declaraba.

¿Cómo? ¿Ser cautos? No, ustedes lo que nos toman es por incautos. Y ya está bien. ¿Qué es eso de "ver las disponibilidades"? No es eso lo que nos vendieron. Ni es lo que figura en el acuerdo firmado, que por cierto pueden consultar en newtral.es.

Si el Gobierno de Pedro Sánchez incumple este punto del acuerdo supondría una humillación al pueblo gallego nunca antes vista. Por mucho menos que eso a otros se les nombró persona non grata.

Insisto en que se trata de un acuerdo firmado, muy claro y muy conciso. Su incumplimiento debería conllevar dos consecuencias inmediatas. Por un lado debería suponer la partida de defunción para el PSdG-PSOE y la puntilla a cualquier tipo de aspiración de gobernar Galicia. En cuanto al BNG debería implicar la ruptura inmediata de sus acuerdos con los socialistas. Pero no solo de este acuerdo de investidura sino de todos los que mantienen en Concellos y Diputaciones.

No hay lugar en este caso para las medias tintas. Quiero ser duro y claro con este tema. O se cumple, no ya lo prometido sino lo firmado, o se rompe la baraja. Con las graves consecuencias que ello acarrearía. En primer lugar para la ciudadanía gallega, que vería como una vez más es objeto de burla y desprecio por parte de la clase política.

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