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Ingreso mínimo vital

TODO HACE indicar que el Congreso de los Diputados aprobará esta misma semana el Ingreso Vital Mínimo (IMV). Antes de entrar en otras consideraciones al respecto me gustaría que todo el mundo tuviese claro que el dinero del IMV va a salir exactamente del mismo sitio del que salen los sueldos de los dirigentes políticos, de los concejales liberados o de los empleados públicos. Es muy importante ser consciente de eso.

A pesar de que nunca he escondido mi condición de liberal y de que soy favorable a que la intervención del Estado debería minimizarse, sí que creo que en este momento es importante que exista una renta mínima básica que permita la subsistencia de muchas personas que están pasando por momentos de auténtica pobreza y de verdadera dificultad. Porque, insisto, no se trata de una ayuda económica más. Se trata de una ayuda que permita la supervivencia.

Estamos hablando de 12 pagas de 461 euros, una cantidad que poco más puede cubrir que las necesidades básicas. Si a esos 461 euros se les descuenta el alquiler de la vivienda y el coste de los recibos de la electricidad, teléfono, agua, etcétera, ustedes me dirán qué le queda a esa gente para vivir.

Incidía al inicio de este artículo en el hecho de que IMV saldrá del mismo bolsillo que los sueldos de nuestros políticos y de algunos altos cargos por lo sangrante de la comparación entre el coste de unos y de otros.

Según el Portal de la Transparencia, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) percibe una retribución pública anual de casi 220.000 euros; el presidente de Loterías del Estado, 214.221 euros; el de Correos 191.000 euros; el de Aena, 170.000 euros; y el de Paradores, 165.000 euros. Toma ya!

Y podemos seguir. El presidente del Tribunal Constitucional tiene un salario de 156.171 euros brutos anuales, y el del vicepresidente asciende a 146.795 euros. Al presidente del Consejo General del Poder Judicial le corresponde un sueldo anual de 141.239 euros y a cada uno de sus 20 vocales 121.811 euros. El presidente de la Audiencia Nacional se embolsa 121.811 euros brutos al año, la fiscal general del Estado, 123.535 euros, y los 74 magistrados del alto tribunal, 116.031 euros por cabeza.

No me cabe la menor duda de que si preguntásemos a los españoles si prefieren mantener estos disparatados emolumentos para altos cargos o redistribuir parte de ese dinero entre quienes más lo necesitan, manteniendo, por supuesto, un salario justo para quienes tienen altas responsabilidades, la amplia mayoría de la ciudadanía optaría por la redistribución.

Porque el IMV no va dirigido solo a personas en riesgo de exclusión. También podrá beneficiarse de él, por ejemplo, un universitario que acaba de terminar sus estudios y no tiene oportunidad alguna para encontrar en empleo en este momento.

Con el Ingreso Mínimo Vital no estamos regalando nada. Estamos ayudando a que algunas personas puedan sobrevivir y a que otras sean capaces de mantenerse hasta que llegue ese momento en el que tengan la oportunidad de valerse por sí mismas. No es una cuestión de piedad ni de generosidad. Es una cuestión de derecho.

Ingreso mínimo vital
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