MI CONDICIÓN, tantas veces reafirmada, de liberal convencido me lleva siempre, de principio, a defender la libertad de mercado y la libre competencia. Eso sí, también me gusta puntualizar que siempre y cuando ésta se establezca en igualdad de condiciones.
De ahí que en buena medida no comprenda ni me parezca justificado que se esté demonizando al sector del taxi como se está haciendo en estos últimos días. Más allá, por supuesto, de la condena de las puntuales acciones violentas absolutamente injustificables protagonizadas, quiero pensar, por una minoría.
Si digo que no entiendo esa demonización es porque el sector del taxi está regulado por ley. Igual que las farmacias, los notarios o los registradores de la propiedad, por poner tres ejemplos. Y en el caso de los taxis esa regulación no depende del propio sector sino que le viene impuesta por las administraciones. Es por tanto del todo punto injusto culparles de una situación que, ya digo, les viene impuesta por quienes establecieron esa regulación. Ellos no hacen sino defender un sistema que les ha venido dado. Precio de la bajada de bandera, compra de licencia, número, taxímetros...
En un país como el nuestro, en el que algunos sectores y actividades están sometidos a regulación, no es de extrañar que se produzcan situaciones como las que han provocado las movilizaciones de los taxistas. Porque no todos jugamos con las mismas cartas. Y son precisamente esas diferencias entre unos y otros las que generan los problemas y los conflictos.
Defiende la Constitución Española en su artículo 13 que "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica". No me atrevo a decir que esta declaración es papel mojado por el respeto que me merece nuestra Carta Magna. Pero desde luego es evidente, notorio y palpable que no todos los españoles recibimos la misma protección y trato y que, por supuesto, que no todos gozamos de los mismos derechos y oportunidades, ya que en buena medida dependerán del territorio en el que uno resida o ejerza profesionalmente.
No es, desde luego, lo mismo ser un empleado público que privado. No tiene nada que ver el impuesto de sucesiones que paga un andaluz con el que paga un gallego. ¿Pagan los andaluces por las infraestructuras viarias como los gallegos? Los vascos tienen la Ertzaintza, los catalanes los Mossos de Esquadra y los navarros la Policía Foral, en tanto que el resto de las comunidades carecen de fuerzas de seguridad autonómicas. ¿Tenemos el resto la fiscalidad de los navarros y los vascos? ¿La DGT está transferida a Galicia? Los diputados con dos legislaturas tienen derecho a la pensión máxima... ¿usted? Por poner solo algunos ejemplos. Pero podría ir más lejos porque ¿alguien piensa que incluso dentro de una misma comunidad, como puede ser Galicia, somos todos iguales? En los últimos veinticinco años se ha invertido proporcionalmente el mismo dinero público en la provincia de A Coruña que en la de Pontevedra? Es evidente que no, que existen tremendos desequilibrios.
He ahí el germen de algunos de los males sociales que ahora padecemos. Y de ahí mi sempiterna proclama a favor de la igualdad. Yo, sencillamente, quiero ser libre e igual que los demás, en todos los sentidos. Diferente ya soy yo.
