Opinión

Porque es de justicia

POR SI tuvieran poco frentes abiertos, al Gobierno de España y a los de los comunidades autónomas, está a punto de abrírsele otro. Y no va a ser menor. Un grupo cercano al millar de empresarios, principalmente del sector de la hostelería, interpondrá esta misma semana una demanda colectiva ante el Tribunal Supremo contra los Ejecutivos central y autonómicos por los daños y perjuicios soportados desde que se decretó el estado de alarma. En total, la indemnización que solicitarán en esta primera demanda asciende a 62 millones de euros. Cifra que previsiblemente irá en aumento a medida que se sumen a esta iniciativa más demandantes y más sectores.

Indican desde el despacho de abogados que gestionará la demanda, el mismo que defendió la causa de los afectados por las preferentes de Bankia, que sus clientes no piden que se levanten las restricciones. "Aceptan la situación, pero si se les prohíbe trabajar tendrán que ser indemnizados". Cae de cajón.

Pero nuestros dirigentes llevan demasiado tiempo empeñados en mirar para otro lado. Tanto que los damnificados –que no son solo los hosteleros, ahí están los comerciantes, los músicos y la gente de la cultura en general, los feriantes, las agencias de viajes… y un largo etcétera– se han hartado y han puesto la cuestión en manos de la justicia. Algo que era perfectamente evitable. Bastaba con haberse hecho eco de las perfectamente asumibles demandas que de un modo personal o a través de otros canales venían exponiendo desde hace meses.

En otros países de nuestro entorno, Alemania por ejemplo, fueron conscientes de que algo así les podría suceder y el Gobierno optó por implementar una solución mucho más razonable: indemnizar a las empresas y autónomos a quienes se les impide desarrollar su actividad con el 75% de lo facturado el pasado año durante ese mismo periodo. Pero aquí no. Aquí la respuesta ha sido "pues pidan ustedes un crédito. Miestras, yo seguiré cobrando todo lo mío cada fin de mes". Y así nos va. Pero cuidado, que si esta demanda prospera, las tornas pueden variar de manera muy significativa.

Yo, desde luego, como empresario no puedo estar más de acuerdo con estas demandas colectivas. Y, de hecho, también reclamaré para que me sea resarcido, no ya el lucro cesante, pero sí por lo menos todo lo que llevo pagando en gastos generales y cargas impositivas durante el tiempo que, por imperativo legal, llevo sin poder desarrollar mi actividad económica o obligado a hacerlo en muy mermadas condiciones.

E, insisto, con lo fácil que habría sido evitar el llegar a la justicia... Porque dinero hay. Vaya que si lo hay. Por poner un ejemplo "cercano", el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras ingresa 96.000 anuales, dietas y chófer aparte. Lo que hay es que querer repartirlo allí donde en este momento se necesita.

Hablaba hace unas semanas en este mismo rincón de la necesaria solidaridad de unos para con otros. Pero llegados a este punto, está claro que la solidaridad ya no basta. Ya no se trata de eso. Es una cuestión de justicia. Y quizá sea ella quien tenga que ponerle el definitivo cascabel a este esquivo gato.

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