Si nada ha cambiado desde la tarde del lunes, todo indica que tendremos una nueva vicepresidenta de Gobierno: Yolanda Díaz. Por cierto que dos de las cuatro vicepresidencias del Gobierno de España están en manos de gallegas: Yolanda Díaz y Nadia Calviño. En el caso de Yolanda Díaz he de reconocer que, aunque yo siempre he sido crítico con este Ejecutivo, del cual ideológicamente me sitúo en las antípodas, es una de las ministras que mejor consideración me merece.
En un contexto extraordinariamente difícil, la actual ministra de Trabajo ha sido capaz de llegar a acuerdos con todos los agentes sociales, incluidos los empresarios. Ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad de trabajo y de negociación. Fue capaz de sacar adelante los Ertes, una valiente medida gracias a la cual han podido pervivir dos millones de españoles asalariados. Ha defendido la protección de nuestros sectores estratégicos frente a las injerencias de fondos de inversión extranjeros. Y ha peleado duro, enfrentándose incluso a oras ministras de su propio Gobierno, por defender el criterio de entregar ayudas directas a los empresarios, criterio que finalmente consiguió imponer. Es por ello, que sin entrar en otras consideraciones más profundas, creo en esta ocasión hemos salido ganando con el cambio.
Aun así, sigo sin entender la mayoría de las decisiones que adopta el Gobierno que preside Pedro Sánchez. La última que me ha sumido de nuevo en la perplejidad, cuando no en la rabia, es la de ceder a las comunidades autónomas la gestión de esas ayudas directas a las empresas. ¿Qué necesidad había? ¿Por qué introducir otro filtro que lo único que va a hacer es dificultar y retrasar la llegada de esas tan necesarias ayudas?
El Gobierno de España tiene herramientas, estructuras y personal más que suficiente como para hacerse cargo de la distribución y canalización de esas ayudas. Pero no. Y de nuevo por decisión de la ínclita ministra Nadia Calviño, el gobierno central transferirá sabe dios cuando el dinero que le corresponde a cada comunidad para que sean los ejecutivos autonómicos, con todo lo que ello conlleva, quienes las repartan. Miedo me da.
Por último, y ya saben que es uno de mis temas fetiche, me gustaría referirme al anuncio realizado por el ministro de Transportes de que los viajes de vuelta en la AP-9 serán gratuitos. En primer lugar, seguimos sin saber cuándo entrará en vigor esa medida. Y en segundo, y más importante, se trata de una medida a todas luces insuficiente. Viajar por la AP-9 desde Baiona hasta Ferrol supone un desembolso de 25 euros en peajes, cuando en otras comunidades un trayecto similar por autopista es gratuito. Mientras siga existiendo ese agravio comparativo nuestras empresas seguirán perdiendo competitividad . Por mucho que el viaje de vuelta sea gratis si se hace en las mismas 24 horas. Que esa es otra. Si un transportista de A Coruña va Lisboa y regresa al día siguiente, tendrá que seguir pagando los dos peajes, el de ida y el de vuelta, igual que siempre.
Igual que en la autopista la solución no es parchear la sucesión de baches sino asfaltar de nuevo, con los peajes la solución también debería de ser integral. AP-9 libre y gratuita para todo el mundo. Que Galicia ya la tiene pagada, más que de sobra.
