DESDE LA primera parte de mi anterior comentario, relativo a la percepción ciudadana respecto de la clase política en los tiempos actuales, hasta el conflicto bélico que atemoriza al mundo desde Ucrania, el escándalo que amenaza al premier británico o cómo se elige el presidente de Italia, nos acercamos a las elecciones en Portugal y en Castilla y León o, las muy probables en Andalucía. A media legislatura de las generales, es preciso reflexionar y preguntarnos, una vez mas, qué está sucediendo con las democracias parlamentarias y su déficit democrático.
Desde Platón hasta nuestros días son varias las definiciones con que entendemos el significado de la palabra democracia representativa, burguesa, marxista, liberal, directa, popular, cristiana, etc. Personalmente prefiero una inteligible: "El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" (Abraham Lincoln), o la de Churchill: "El menos malo de los sistemas políticos".
Dicho lo anterior, no es obvio afirmar que las democracias responden a la idiosincrasia de cada país en los que su cultura, educación y comportamiento cívico configuran, en mayor o menos grado, su calidad democrática.
Para actualizar nuestro envejecido sistema electoral (...), la circunscripción provincial es insuficiente
Los sistemas que defienden la soberanía del pueblo y el derecho a elegir y controlar a sus gobernantes requiere actualizarse permanentemente y no quedar anquilosados. Los ciudadanos (la soberanía popular), se expresan en las elecciones legislativas, autonómicas o municipales y es aquí, precisamente, donde está "el quid de la cuestión".
¿Nos sentimos representados los ciudadanos en el Congreso y el Senado? ¿Tenemos acceso frecuente a nuestros parlamentarios? ¿Con qué calidad democrática contamos? ¿Está nuestra ley electoral adaptada a las exigencias del siglo XXI?
El bipartidismo, la aparición del concepto de la España vaciada, el excesivo tiempo de duración de los mandatarios locales o la ya frecuente disolución de los parlamentos autonómicos atendiendo exclusivamente al interés político de los partidos, son la causa principal que nos revelan que ya no es válido el corsé electoral instaurado en la Transición.
No olvidemos que el sistema electoral actual es preconstitucional, (Ley de la Reforma política de 1976 y el Decreto de marzo de 1977). co El sistema D'Hont, vigente en pocos países europeos, ha prevalecido desde entonces y se mantendría en la Ley electoral de 1985 que acentúa el bipartidismo orientado a la alternancia en el poder de los grandes partidos nacionales con una barrera electoral del 3% (en Galicia un 5%). La conclusión es que el sistema sigue siendo el mismo y no satisface a una gran parte del electorado que busca refugio en formaciones nuevas o, lo que es peor, en formaciones políticas extremistas de consecuencias imprevisibles.
En los 165 estados miembros de Naciones Unidas, las libertades civiles, el funcionamiento del gobierno, la participación o su cultura política, son indicadores aplicables a la calificación de países con democracia plena, imperfecta o híbrida. Desde luego que nuestras leyes electorales en la actualidad, son menos que ejemplares y tal como he leído recientemente, no se acaban de erradicar los defectos que arrastramos desde la Constitución de 1876 con la Restauración borbónica.
Perder la confianza es el riesgo mas serio que corre una democracia: la confianza en sus políticos, en la integridad del sistema electoral y en la administración de justicia. Cualquier circunstancia que pueda provocar esa desconfianza ciudadana, debe ser erradicada.
El voto debe dar voz a minorías y a territorios. En la II República se daba representación a minorías de cierta relevancia, posiblemente con un voto a partido a nivel nacional y otro por territorio, ejemplos tenemos en Alemania, Francia o Reino Unido.
Finalmente pienso que para actualizar nuestro envejecido sistema electoral, adaptándolo a las exigencias de generaciones posteriores a la Carta Magna, habremos de convenir que la circunscripción provincial (Senado y Congreso) es insuficiente y necesitamos una ley que pondere territorio y representación política. Los ciudadanos queremos tener una voz en las Cortes. Bien pudiera ser que la circunscripción electoral le correspondiese a los partidos judiciales y no a la provincia tal como prevé la Constitución.
