UNA DE LAS COSAS más importantes que hizo el ex presidente socialista de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en aquel gobierno bipartito que presidio, fue impulsar en el Parlamento gallego la Ley de Transparencia y Buenas Practicas en la Administración Publica Gallega, que así se llamaba. Decía Touriño que había que ir a una nueva forma de entender el gobierno de Galicia y anunciaba la acuciante necesidad de iniciar en nuestra tierra una regeneración de la vida democrática. La ley la defendió, brillantemente, el conselleiro Méndez Romeu, un hombre preparado y bien formado en la política municipal con Paco Vázquez, que llego a ocupar una Secretaria de Estado en el Gobierno de España y muchos cargos en el socialismo galaico. Asistí, por razones que no vienen al caso, a aquel importante debate, en donde el señor Romeu se adelantaba en años al aluvión de leyes de transparencia y acceso a la información que colapsan, hoy, el Ordenamiento jurídico español.
Pero en aquella época España y por ende Galicia presentaban un desierto en materia de transparencia. La ley, aunque se denominaba de transparencia, no lo era y así se lo hizo saber a Romeu el portavoz del PP Ruiz Rivas. Era una ley de mínimos, y no cumplía los estándares que se requerían y se requieren hoy para que fuera calificada como tal, pero fue una ley avanzada y pionera que obligo a que, por primera vez, en España se debatiera en un parlamento una materia tan importante como la transparencia y el derecho de acceso a la información. Romeu defendió la norma con convincentes argumentos.
Citaba a Stuart Mill, y su afirmación de que las libertades no pueden estar limitadas por la tiranía de la mayoría. Y señalaba a la Unión Europea, al Libro Blanco de la Gobernanza y a la necesidad de más información, más transparencia, más control y menos opacidad en las instituciones administrativas. Hablaba de una ley que iba a ampliar la capacidad de los ciudadanos para ejercitar el celo sobre los políticos; para apelar a los poderes judiciales; aumentar la capacidad de la ciudadanía para conocer a dónde va a parar el último euro y conocer qué empresas son favorecidas y por qué criterios. Preguntaba, Romeu, quién temía a la transparencia y contestaba que "sin duda, aquellos que necesitan de la opacidad para su acción de gobierno; sin duda aquellos que consideran el poder como privilegio o prerrogativa de unas personas o de unos grupos".
Hoy, España, está llena de leyes de Transparencia: la estatal de 2013 y las autonómicas, y resulta que en el gobierno de Sánchez se tapa y se esconde todo. Hasta los muertos. Y el ciudadano, encerrado, calla. Lo último es lo de esa famosa Comisión de expertos que no nos dicen quien la conforma. Unos señores que deciden quien, como y cuando puede uno rehacer su vida y su hacienda y no sabemos quiénes son. ¿Son de fiar? ¿Han estudiado algo? ¿Acabaron el bachillerato? ¿Son profesionales?, o ¿son un grupo de espiritistas? La ciudadanía tiene derecho a saber. Para que esta el artículo 13 de la Ley de Transparencia y el artículo 11 de la Ley General de Salud Pública que señala que es obligatorio hacer pública la composición de los comités de evaluación de este tipo de situaciones. ¿Quién teme, pues, a la transparencia en España? La respuesta la dio un socialista en la tribuna del Parlamento gallego un 23 de mayo de 2006. Y que razón tenía.
