AUN NO se han enterado nuestros mandatarios, pero nuestro sistema democrático está en una profunda y enorme crisis de muy difícil solución. En el PP y en el PSOE, aun no se han dado cuenta de que el personal está harto, muy harto, por todo lo que ve, lee y escucha de nuestros dirigentes que son incapaces en ponerse de acuerdo en las cosas más elementales que, de verdad, importan a los ciudadanos. Escribí hace unos años en esta misma columna que si los señores Rajoy y Sánchez, que representaban a la inmensa mayoría de la ciudadanía española, no se avenían, ponían en funcionamiento y regeneraban de verdad todo el tinglado constitucional que nos ordena la convivencia, el sistema democrático que nos hemos dado los españoles, felizmente, en 1978 se iba por el vertedero.
Si los señores Rajoy y Sánchez no se ponían a trabajar para que en España se respete y se cumpla la Constitución y los principios más elementales del Estado de Derecho, el desapego de los españoles hacia nuestras instituciones y sus dirigentes seria irremediable y de imprevisibles consecuencias. El personal no es tonto, lleva ya más de cuarenta años oyendo hablar de democracia y ve, incrédulo y sorprendido, como las reglas más sagradas de dicho sistema no se cumplen ni por casualidad.
El principio del imperio de la ley; la garantía de los Derechos Fundamentales; el sometimiento pleno de la Administración Publica en su actuar a la ley y al Derecho y el principio de separación de poderes con una Justicia independiente, hacen aguas por todos lados en un mar asolado por el cáncer de la corrupción.
Tenemos un Estado muy débil e inestable, fruto de un descabellado sistema territorial establecido en nuestra Constitución por unos inocentes pardillos que se fiaron de los nacionalismos, el más grave problema de España. Un modelo territorial cuyo resultado final ha consistido, básicamente, en despojar al Estado de muchas competencias fundamentales, que son su razón de ser, para que fueran asumidas por minorías territoriales separatistas y absolutamente desleales, que las han usado como armas arrojadizas contra la unidad de la Nación, creando fronteras interiores y desigualdades muy graves entre las diversas regiones españolas. Todo ello, sin que los sucesivos gobiernos advirtieran de las graves consecuencias de tan irresponsable y continuada cesión. La deriva que ha tomado España desde hace años hacia la quiebra institucional y por tanto del sistema democrático parece imparable. Una quiebra institucional que ha permitido en el mejor de sus ejemplos que los terroristas de la ETA se sienten con los separatistas catalanes en las instituciones democráticas, se llenen los bolsillos con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos y cuyo único objetivo es destruir la Nación y la Constitución, escupir a los diputados y apalear estudiantes. Caso único en el mundo. Nuestra clase política es muy lenta en la reacción y los ciudadanos están ya hartos. No hay más que leer las encuestas para darse cuenta que los españoles están hasta hastiados y cansados. Lo demostraron el domingo pasado, muy claramente, votando. Pedro Sánchez quiere reformar la Constitución. Mejor sería que la hiciera cumplir.
