EL DíA 9 de Diciembre de 1931, un buen hombre y un señor serio y honrado a carta cabal, catedrático y socialista, que se llamaba Julián Besteiro, firmaba un fundamental documento que en aquellas convulsas fechas pretendía regir y ordenar la convivencia pacifica de todos los españoles: La Constitución Española de 1931. La norma decía que España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decretaba y sancionaba esa norma de convivencia ciudadana de un pueblo que deseaba organizarse en un régimen de Libertad y de Justicia.
Establecía que España se constituía en un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y regiones, y que los españoles, todos los españoles, son iguales ante la ley. En su artículo cuarto decía, claramente, que el castellano es el idioma oficial y que todo español tiene obligación de saberlo y el derecho de usarlo y, salvo que se disponga en una ley especial otra cosa, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. En cuanto a la organización nacional se recogía que el Estado español, dentro de los limites irreductibles —es decir, que no se pueden trocear, disgregar o reducir—, de su territorio actual, estará integrado por municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía.
Señalaba, además, que una o varias provincias limítrofes podían acordar organizarse en región autónoma siempre dentro del estado español, y que los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución y tampoco a las Leyes Orgánicas del Estado. Además, en las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales de la región y los demás españoles.
Su Capitulo II, lo dedicaba a la familia diciendo que esta bajo la salvaguardia especial del Estado, y que el matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos. Hablaba, como no, también de la educación y determinaba que las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, pero es obligatorio el estudio de la lengua castellana y esta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. Y, finalmente, se refería al patrimonio de todos los españoles, al establecer que toda la riqueza artística e histórica de España, incluidos los museos y los archivos sea quien fuere su dueño constituye el tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado.
Esto decían los republicanos de entonces a los que la palabra España, y los términos Nación y Patria no les acomplejaban. Proclamaban los miembros de aquella Comisión Constitucional y así esta recogido en los Diarios de Sesiones, que empleaban la palabra España, por que "al decir España decimos también Nación, y decimos Estado, e incluso decimos Patria con todo lo que significa en un orden sentimental". Y lo decían porque antes de ser republicanos eran españoles y estaban orgullosos de serlo. No se les ocurrió ni por asomo jugar y hacer experimentos con la vieja e histórica Nación que recibieron de sus antepasados. A los políticos de ahora vaya usted a saber. Salvo raras excepciones, la mediocridad campa a sus anchas por la Carrera de San Jerónimo. El personal solo piensa en el dinero. Malos tiempos para España.
