Hace ya unos años la vecina del norte, la France, tuvo la bondad y la enorme delicadeza de entregar a nuestro gobierno toneladas de papeles incautados a la banda terrorista ETA, con archivos de sus fechorías y asesinatos. Una documentación fundamental para que una vez estudiada y examinada por nuestros policías y guardias civiles, se pudieran esclarecer los 379 crímenes cometidos por los terroristas que todavía están sin resolver. Y digo pudiera, porque después de escuchar que los de Bildu, sucesores y herederos de la ETA, son un baluarte y un apoyo fundamental del Gobierno del socialista Sánchez, que hasta le dictan los Presupuestos Generales, la investigación se me antoja absolutamente imposible. Máxime, cuando la Fiscalía General del Estado está en manos de la pareja de hecho del juez Baltasar Garzón, la señora Dolores Delgado, modelo de independencia y de defensa de la legalidad, y paradigma de garantía de los derechos de los ciudadanos, del interés público y de la independencia de los Tribunales. Labor que realiza ejemplarmente, no en vano ha sido antes ministra de Justicia del Gobierno de Sánchez. Tuvo suerte en irse para la fiscalía. Si no, tendría que consultarle, hoy, los presupuestos de su departamento a Arnaldo Otegui y a Merche Aizpurúa.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, maltratada por los socialistas, lleva tiempo denunciando, públicamente, que estos 379 asesinatos cometidos por los sicarios de la ETA siguen impunes. Sí. Y, aunque parezca mentira en un Estado de Derecho; en un país desarrollado como es España, en donde sobra el dinero para financiar puertos, aeropuertos y autopistas que no se utilizan, televisiones y multitud de chiringuitos, vacuos e inanes, para empleo de amigotes y amigotas con sueldos colosales, nos encontramos con que cientos de asesinatos de la banda terrorista están sin resolver, sin juzgar y sin saberse los nombres de los asesinos. Las Asociaciones de Víctimas, hartas de esta vergüenza, no saben ya a quien acudir para que se ponga fin a esta escandalosa situación y contemplan el escarnio de 379 crímenes de ciudadanos españoles metidos en un cajón de algún juzgado esperando a que les sacudan el polvo que los tapa. Una cifra sonrojante de la que nadie dice nada, salvo, claro está, las familias de las víctimas que, además de tener que tragarse el asesinato de un ser querido, tienen que soportar la incompetencia y la vagancia de las instituciones que tienen la obligación de resolver estos asuntos.
Casi un millar de ciudadanos españoles han sido asesinados por los terroristas de la ETA desde finales de los años sesenta, por el simple hecho de ser españoles. Un auténtico genocidio que se trata de tapar y blanquear a toda costa por una pandilla de desalmados que no distinguen entre el bien y el mal. Mientras, en esta España que se va por el sumidero, los responsables políticos, muchos curas y obispos del País Vasco y la mayoría de la sociedad mira para otro lado, abandonando a huérfanos y viudas que tuvieron que sacar a sus familias adelante rompiéndose los riñones fregando escaleras. Una ignominia tan grande que hasta el Parlamento europeo ha acordado enviar a España una misión de investigación para reunir información de estos crímenes aún sin resolver. El PSOE, en su línea, votó en contra. Y el ministro de Justicia, dándole a las gambas y al rebujito, que es lo suyo. La verdad, la justicia, la memoria y la dignidad para las víctimas de la ETA, no van con él.
