Llevaba el partido socialista hace años y como adorno floreado en el programa electoral de Zapatero la aprobación de una ley de Transparencia, que permitiría al común de los ciudadanos meterse en las tripas de las Administraciones Publicas de visita y, de paso, preguntar, curiosear y solicitar información sobre lo que hacen los políticos con nuestro dinero. Nada de nada, el florero ahí se quedó. Tuvo que llegar Mariano Rajoy para que la citada y añorada ley viera la luz en diciembre del 2013.
La norma que se quedó corta ya en el parto, al menos nos sacó de la cola del ranking de transparencia en el mundo. Una norma que posibilita, en líneas generales, que toda persona pueda acceder a la información que esté en manos de las Administraciones, con unas excepciones perfectamente determinadas en la ley. Y un derecho a la información que, además de contemplar el acceso de los ciudadanos a los archivos de un organismo público, garantiza la obligación de los poderes públicos de poner a disposición de los contribuyentes, sin que estos deban de solicitarlo, información y datos relevantes sobre sus funciones y actividades, contratos, subvenciones, salarios y dietas. ¡Ah! y también datos sobre viajes, vacaciones y cuchipandas varias. Es la nueva cultura de la transparencia. Una cultura de la ética que pide a gritos la ciudadanía, harta de tanto oscurantismo y secreto, que fortalece la democracia y es una eficaz arma contra la corrupción. El ciudadano quiere saber y está en su derecho. Es mayor de edad y no hace falta mentirle piadosamente para no preocuparle. La mentira política, el secreto, la alfombra tapadera y la falta de transparencia son, precisamente, las que han puesto a nuestros dirigentes en el disparadero, han conseguido que no se fie nadie de ellos y que, además, los consideren un grave problema social. ¿Por qué no se dice la verdad? Si al final, hoy, todo se sabe. Con las nuevas tecnologías de la información y la expansión de Internet los gobiernos están vigilados permanentemente. Las noticias vuelan a golpe de tecla de ordenador y teléfono móvil. Todo se sabe y ya es imposible ocultar la basura. Cuando nuestros políticos así lo entiendan y obren en consecuencia verán mejorada su imagen y recuperado el prestigio perdido, la Democracia será más fuerte y, entonces, el cáncer de la corrupción quizás podrá vencerse. Llevábamos siete años de flamante transparencia hasta que llego Pedro Sánchez y sus viajes, sus vacaciones y sus amiguetes de parranda y francachela, y apareció de nuevo el silencio, el secreto y la opacidad. El presidente ha metido en el Consejo de Transparencia a un comisario socialista, que ya se ha cargado a los funcionarios que exigieron al gobierno por resolución del Consejo y al amparo de la ley de Transparencia que debía de facilitar información al ciudadano peticionario sobre el Falcon, la finca Marismillas, el comité de expertos espiritistas y los contratos sanitarios de la pandemia. En el PP están que trinan. Pero otro gallo nos habría cantado si los conservadores cuando redactaron la ley le hubieran hecho caso a los expertos de verdad y le otorgaran a la norma categoría de ley orgánica y contemplaran el derecho de acceso como un derecho fundamental anclado en el artículo 20 de la Constitución, con su posición prevalente y todas sus garantías. No lo hicieron así y ahora vienen los lamentos y, también, los secretos del gobierno. Menudos son.
