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Transparencia para otros

El derecho de acceso a la información es un derecho elemental,  fundamental y de sostén de todo régimen democrático que se precie, que determina que toda persona pueda acceder a la información que esté en posesión de las Administraciones y organismos públicos con unas excepciones, las menos, establecidas en las leyes. Pero no es solo la posibilidad de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros, sino también, y esto es fundamental, el deber y la obligación democrática que tienen los poderes públicos de facilitar a los contribuyentes información sobre sus funciones y actividades, altos cargos, contratos, concesiones, adjudicaciones, presupuestos, subvenciones, salarios y dietas, sin que éstos se lo soliciten. Lo que se viene en denominar publicidad activa. Una información que las instituciones deben de poner a disposición de los ciudadanos en los portales de transparencia o en sus páginas web de forma clara, que sea fácilmente accesible y comprensible y, por supuesto, de manera gratuita. La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ampara y garantiza todo lo anterior y señala que la Administración General del estado, las Administraciones autonómicas,  la casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, etc., tienen que contestarle al ciudadano lo que quiere saber, que para eso paga. Los partidos políticos y los sindicatos que viven del presupuesto también deben hacerlo. Pero, hete aquí que para los abanderados de la nueva política de la que ya hablaba ortega en 1914, esta cosa del derecho a la información y la tan manida transparencia que tanto exigían a los demás desde las tiendas de campaña de la Puerta del Sol, pasó a mejor vida y no va con ellos, ni con el gobierno de la Nación. 

Ya hace años un periódico madrileño daba a conocer la noticia de que un señor que se llama rafael Isea, que fue ministro de finanzas de Venezuela, declaró a la policía española en Nueva York que Hugo Chávez firmó "sin ningún tipo de duda" el pago de 7 millones de euros a la fundación de Podemos del hoy flamante vicepresidente Pablo Iglesias. El señor Isea ratifico ante los policías la veracidad de un documento en el que Chávez dio la orden de destinar ese dinero, para que el señor Iglesias, su distinguida esposa y ministra y sus amigos pudiesen crear “fuerzas políticas y movimientos sociales” que propiciasen en españa un cambio político similar al tinglado bolivariano de ruina y quiebra económica de Venezuela. Nadie dijo nada. Silencio total. Y, ahora, tenemos el asunto de la señora delcy rodríguez y su suave e inexplicable aterrizaje en los amorosos brazos de los ministros Abalos y Marlaska. Silencio absoluto, también. Nadie habla y todos huyen. Y no puede ser así. Don Pablo Iglesias, representante y figura de la nueva política, que no vive en Venezuela, sino en un país democrático como es españa, y el señor Pedro Sánchez tienen la obligación de conocer la ley, y ese conocimiento legal junto a un poco de ética, dos gotitas de moral y una pizca de deontología, les obligarían a explicarse públicamente ante el pueblo español sin excusa que valga. Es muy triste que en una vieja Nación como españa anden sus ministros escapando de los periodistas a la carrera, como en los Sanfermines pamplonicas. La transparencia es para otros.

Transparencia para otros
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