ESTÁ LA portavoz del PP en el ayuntamiento de Vigo de los nervios, pidiéndole a don Abel Caballero información sobre el derrumbe portuario de la famosa pasarela. Pero ni puñetero caso. El alcalde esta mudo y sigue, pinta y colorea, dándole vueltas a los planos del puerto. Así que la concejal popular ya ha anunciado, ante tal cicatería informativa, la presentación de una querella contra el impermeable y muy poco transparente, señor alcalde. Y es que estas cosas de la transparencia y de la información son muy novedosas en España y tardan en impregnar convenientemente la vida pública.
Es, hoy ya, comúnmente aceptado que el derecho a la información es un derecho fundamental. Un derecho que determina, claramente, que toda persona pueda acceder a la información que este en posesión de las Administraciones y organismos públicos con unas excepciones –las menos en un régimen democrático– perfectamente establecidas en las leyes. Pero no es solo la posibilidad de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros de una Administración que sostiene con sus impuestos, sino también, el deber y la obligación democrática de los poderes públicos de facilitar a los contribuyentes información sobre sus funciones y actividades, contratos, concesiones, adjudicaciones, presupuestos, subvenciones, salarios y dietas, sin que éste se los solicite. Una información, en fin, que las instituciones deben de poner a disposición de los ciudadanos de forma clara, fácilmente accesible y comprensible y, por supuesto, de manera rápida y gratuita.
El ciudadano, tiene derecho a saber y a conocer que hace el Gobierno de turno con su dinero y a que lo dedica. Y el Gobierno tiene la obligación de rendir cuentas de su gestión y de contestar a las preguntas que los ciudadanos le formulen, sin que pueda, sin más, denegar la información al amparo de cualquier excusa. La Administración debe responder y si no lo hace tiene la obligación de justificar la negativa de manera expresa y motivada. Cuanto más si el que la solicita es un representante político.
Es la nueva cultura de la transparencia. Una cultura que aún no ha impregnado y empapado las distintas Administraciones Publicas españolas, ni ha calado en sus dirigentes políticos y funcionarios, pero que avanza inexorable en la mayoría de los países del mundo. Una cultura de la ética que alienta y robustece la democracia, lucha contra la corrupción y fortalece y legitima la más que deseable relación de confianza entre la Administración y los ciudadanos.
España, ya tiene, afortunadamente, en su Ordenamiento Jurídico y desde el año 2013 una ley de Transparencia, que tiene como objetivo ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a la información en poder del conjunto de las Administraciones y señalar claramente las obligaciones de buen gobierno a las que deben de ceñirse en su actuar nuestros dirigentes. La ley es muy clara, pero aún falta cultura de la transparencia en todo lo concerniente a los asuntos públicos. A nuestros dirigentes no les gusta dar explicaciones y prefieren, aunque traten de disimularlo, la oscuridad y el secretismo. Y esa práctica, levanta muchos recelos y desconfianzas en una sociedad como la española que intuye ya de manera generalizada, que la mentira, el enredo y la corrupción no andan lejos. Y eso es muy malo para una nación. Los ciudadanos no pueden vivir en constante y permanente sospecha.
