YA SE sabe que en este país se investiga poco y mal. Después de Cristóbal Colon y de don Santiago Ramón y Cajal, ilustrísimo Premio Nobel, muy pocos españoles han destacado en esto de descubrir e investigar cosas.
La disculpa ya se conoce: no hay dinero y el personal tiene muy pocos medios. El dinero, claro, se lo llevan todo los separatistas catalanes para escuchar música en el Palau y nada queda para los que vivimos en sus colonias malamente y calladitos. La Guardia Civil y la Policía sin medios y con unos sueldos de miseria, no dan abasto.
Estos días se conmemora el brutal atentado del 11 M, en donde murieron 193 personas y hubo cerca de dos mil heridos. Como consecuencia de todo aquello y las investigaciones posteriores nos encontramos aun con muchos interrogantes y con opiniones muy contradictorias acerca de lo sucedido y sus responsables. ¿Se investigó bien y suficientemente? ¿Se ataron todos los cabos o se cerró el asunto en falso? Vaya usted a saber. Pero el tema de las malas pesquisas celtibéricas no se queda ahí.
La Asociación de Victimas del Terrorismo lleva mucho tiempo denunciando, públicamente, que más de 300 asesinatos de la ETA siguen impunes. Si, si y aunque parezca mentira en un Estado de Derecho; en un país desarrollado como es España, en donde sobra el dinero para juergas, saraos y subvenciones, nos encontramos con 324 asesinatos de la banda terrorista sin resolver, sin juzgar y sin saberse los nombres de los asesinos. Las Asociaciones de Víctimas, hartas de esta vergüenza, han puesto de manifiesto que los etarras llevan en su haber más de 800 asesinatos de los cuales, a día de hoy, 324 están metidos en un cajón de algún juzgado esperando a que les quiten el polvo del camino del que hablaba el señor Conde Pumpido.
Una cifra sonrojante de la que nadie dice nada salvo, claro está, las familias de las víctimas que, además de aguantar el asesinato de un ser querido, tienen que soportar la incompetencia, la desgana y la vagancia de las instituciones que tienen la obligación de resolver estos asuntos como Dios manda. Casi un millar de ciudadanos españoles han sido asesinados por los terroristas de la ETA desde finales de los años sesenta mientras, en España, los responsables políticos de turno, muchos curas y obispos del País Vasco y la mayoría de la sociedad que allí vive, presa del terror, miraban para otro lado.
Casi mil muertos por ser españoles. Guardias civiles, policías nacionales, militares, funcionarios de prisiones, cocineros, jubilados, obreros, sepultureros, abogados, médicos, ingenieros, periodistas, jueces, fiscales, diputados, concejales, senadores, niños, mujeres y ancianos han sido asesinados a lo largo de estos últimos cuarenta años ante la pasividad y el silencio de las autoridades y la cobardía de sus propios paisanos. Da pavor y rabia la situación vivida por las familias de decenas de guardias civiles y policías muertos vilmente.
Viudas de guardias civiles con hijos pequeños y una mísera pensión, rompiéndose los riñones fregando escaleras para poder sobrevivir, ante la total indiferencia de las autoridades. Y encima, estos 330 asesinatos en un archivo con telarañas, esperando que alguien haga algo. Mientras, el cabecilla terrorista Josu Ternera sigue de veraneo por el mundo adelante, gracias al buenismo y a la pardillez judicial.
