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Necropolítica

EL CAMINO no es fácil pero no imposible. Con esa mentalidad parten muchas personas migrantes que persiguen la tierra prometida en Europa. Un supuesto lugar que garantiza todos los recursos básicos para vivir. Pero, al llegar, la historia suele escribirse, por desgracia, de manera muy distinta. En el sacrificado recorrido la cadena de dificultades se suceden a medida que escalas posiciones en el mapa de África. Y al llegar al último país, antes de decidirte a dar el gran salto, descubres que Marruecos sigue instalando en un ‘paraíso’ infinito de desigualdades. Desde allí parten un gran número de pateras que tratan de arribar hasta las costas españolas después de una travesía incierta, arriesgada y en muchas ocasiones letal por el Estrecho de Gibraltar. Se trata de salvar 14 kilómetros de agua interminables. De navegar por un mar que está acostumbrado a tragarse, a diario, a seres humanos que buscan un nueva oportunidad lejos de su áspera realidad. También, hay quien opta por saltar, con todas las consecuencias, las vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ambas decisiones no son la mejor fórmula de entrada porque llevan consigo una gran número de complejidades para cumplir con algún articulado de la actual Ley de Extranjería. Legislación que, en nombre del orden, tiene el hábito de traspasar muchas líneas rojas que tienen una directa relación con los Derechos Humanos. A ello están muy acostumbrados todos los países que comparten frontera. A cercenar derechos básicos para garantizar la seguridad interna. Para ello, se dispensa un trato despiadado e indecente a quienes logran pisar un punto fronterizo. Un protocolo de bienvenida que se ha convertido, a día de hoy, en una de las vergüenzas de máximo nivel. Que evidencian a un gobierno progresista de que ya no lo es tanto. Que su carga de empatía con las personas inmigrantes se reduce a discursos llenos de palabras huecas, sin contenido en el fondo.

La normalización de la Necropolítica encoge el corazón y los sentimientos de quienes tienen clara la escala de prioridades: primero la vida y después el resto. Este nuevo estilo de gestionar las instituciones públicas, carente de soluciones humanizadas, que no dan una respuesta inmediata ante la llamada de una patera en apuros o prohíben que un importante número de menores migrantes no acompañados, llegados a territorio español, no puedan ser escolarizados certifica la insolidaridad de un Estado por sus políticas públicas. Una teoría, basada en incontables hechos, que se refuerza con las últimas novedades que arrojan las relaciones entre España y Marruecos. Un matrimonio de conveniencia que mantiene su equilibrio a base de millones de euros para reforzar la seguridad en fronteras y fortalecer la cooperación policial entre ambos países. La nueva partida prevista, con cargo a los presupuestos generales del Estado, supera los 30 millones de euros. A estos se suman los 140 ya previstos y comprometidos procedentes de la Unión Europea. Un uso de los fondos que, según el gobierno español, ha contribuido a una caída del 27% de la inmigración irregular. Esto se traduce en que la represión se convierte en la elegida en detrimento de la cooperación y la solidaridad con los países de origen. Datos que hablan con demasiada contundencia y, desde luego, cierran la puerta a cualquier posible justificación creíble a esta repugnante afición a practicar la Necropolítica desde este lado del mundo.

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