Miércoles. 12.12.2018 |
El tiempo
Miércoles. 12.12.2018
El tiempo

Números rojos

RESIDIMOS EN un país donde las leyes discriminan de oficio y provocan injusticia social, y donde la insolidaridad está más presente que ausente en la lucha contra una pandemia como el Sida.

El día a día al que se enfrentan las personas con diversidad funcional acaba de salvar la limitación de poder ejercer el derecho a voto en cualquier convocatoria electoral porque una demandada reforma de la Ley Electoral remienda, un poco tarde, el entuerto pero lo resuelve. Desde luego, este avance no es para estar conforme si se profundiza en la legislación actual. Porque resulta preocupante, por no decir espeluznante, que artículos del código penal de un país como España todavía mantengan en vigor la esterilización forzosa o no consentida para las personas con discapacidad. Se trata de un criterio que nos remontaría a siglos atrás para adaptarlo a una sociedad de su tiempo. Este, por desgracia, es el siguiente renglón, en el capítulo de retos, de los colectivos y movimientos de diversidad funcional: reclamar al Gobierno una reforma del Código Penal para prohibir esta serie de medidas, inspiradas en tiempos medievales. Llama la atención que se deba reclamar a un supuesto Estado moderno algo así, una enmienda tan básica para los derechos, principalmente, de las mujeres con discapacidad a la hora de decidir ser madres o no. El asunto entró en el congreso a través de una proposición no de Ley de Ciudadanos y el gobierno se limitó a estudiar la situación con expertos.

En un contexto parecido encontramos que España lleva sin realizar una mínima aportación económica al Fondo de Lucha contra el Sida desde el pasado año 2011. Más de siete años mirando para otro lado. Camino de una década ajenos a una de las mayores pandemias de la humanidad de nuestro tiempo. A través de este mecanismo internacional se logra apoyar a las personas afectadas por el VIH, en temas fundamentales como atención y seguimiento médico así y acceso a la medicación, en aquellos países donde la pobreza impide a los gobiernos poder dar respuesta a esta demanda. Para eso sirve una partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a esta finalidad. Para beneficiar a miles de personas pendientes de la llegada de la solidaridad de tercero.

El problema es cuando ese tercero elude responsabilidades, bien sea por omisión o bien sea por inacción, y resbala en una discriminación con consecuencias directas para la vida de las personas más vulnerables.

Inercias políticas que solo la denuncia tiene capacidad corregir. Pero, hasta la llegada de ese momento, no nos queda otra que resignarnos a la existencia de leyes arcaicas y al brillo de los números rojos.

Números rojos
Comentarios