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Salvar vidas no es delito

No son pocas las causas abiertas contra el activismo. Resulta inexplicable pero las acciones humanitarias se han convertido en una  ilegalidad. Comprometerse con la vida de otras personas puede acabar con uno o una en los tribunales, afrontando penas de prisión. Quienes han buscado el camino de la solidaridad como solución inmediata a las crisis de refugiados o las corrientes migratorias en el Mar Mediterráneo deben asumir que, por hacerlo, pueden ser sentenciados como
delincuentes. Estos días son numerosas las voces, que elevan el tono, para reivindicar la urgente liberación del barco de la ONG Proactive Open Arms. El pasado mes de marzo fue retenido por las autoridades italianas, y ahora su tripulación se enfrenta a la justicia del país transalpino por supuesta colaboración con redes de tráfico de personas. Unas acusaciones que, hasta la fecha, nadie o casi nadie ha sido capaz de entender. Es cierto que los militantes de la xenofobia y el racismo ya han expresado su aprobación por la actuación policial y judicial. Pero, en mayor medida, el resto coincidimos con ese extraño sentimiento que mezcla algo de incomprensión con otro tanto de desesperación al comprobar que la injusticia se impone en los cuatro puntos cardinales. Desgraciadamente, las herméticas e insolidarias políticas de Europa, cada vez con más frecuencia, convierten en criminales a miembros de las organizaciones que dedican su tiempo y esfuerzo a rescatar a seres humanos a punto de naufragar. Fruto de los lamentables acuerdos internacionales entre países de una orilla y otra, con el objetivo frenar los flujos migratorios, conducen a una deriva tan delirante como meter en prisión a activistas bajo una acusación inverosímil y compleja de probar. Aunque forzando y retorciendo la maquinaria de los sistemas judiciales todo es posible. De hecho, al extraordinario fenómeno que castiga a esta ONG se suma el próximo juicio al que se enfrentan tres de los integrantes de la ONG Proemaid Profesional Emergency. Deben responder ante las autoridades griegas por auxiliar a refugiados en aguas próximas a la isla de Lesbos. El venidero mes de mayo podrían ser condenados a años de privación de libertad por echarse a las espaldas una de las mayores crisis humanitarias de los últimos tiempos. Y no hay dos sin tres. En Marruecos, la activista española Helena Maleno está pendiente de la decisión de un juez sobre su presunta pertenencia o no con redes de tráfico de personas. ¿Su mayor delito? Comunicar a Salvamento Marítimo cada patera que peligra en el Estrecho de Gibraltar. Tres casos. Tres evidencias que ponen de manifiesto que, en estos tiempos, la vocación humanitaria se paga con elevadas penas: en algunos casos hasta con la cadena perpetua. Pero, al margen de las desorbitadas consideraciones judiciales, una gran parte del mundo no deja de pensar que “salvar vidas no es delito”.
 

Salvar vidas no es delito
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