AVANZAR NO debe ser nunca sinónimo de abandonar al pasado en el olvido. Tampoco puede suponer la indiferencia para aquellas realidades secuestradas por la injusticia. En especial, cuando ese hecho se produce a nivel colectivo en reivindicaciones igual de históricas que necesarias como normalizar un derecho como es la interrupción del embarazo voluntaria. Y no en todos los rincones del mundo se encuentra establecida esa posibilidad de poder elegir entre el Sí o el No quiero continuar con el proceso de gestación; entre el Sí quiero o No quiero convertirme en madre; entre residir a un lado u otro de la vida.
El derecho a escoger una opción es tan solo una remota posibilidad para millones de mujeres atenazadas por la opresión y la dictadura de edictos religiosos; en muchas ocasiones, construidos en los pilares del patriarcado y del machismo más exacerbado. Hace unas semanas tuve la oportunidad de pasear por las diferentes realidades sociales en Centroamérica.
Entre todas, captó mi atención la historia, más bien el calvario, de Teodora Vázquez, quien tuvo que parir sin asistencia médica en los baños públicos de la escuela donde trabajaba, después de llamar a unos servicios sanitarios que nunca llegaron a tiempo para intervenir en la emergencia obstétrica. Entonces, las malas condiciones y la falta de ayuda especializada provocarían que se produjese una hemorragia severa y el bebé naciese muerto. Unos hechos que se remontan al año 2008.
Por lo sucedido, un Tribunal de El Salvador condenaría a esta mujer a 30 años de cárcel, apelando a que el pequeño había sido estrangulado por su madre en el momento del alumbramiento. Ahora, transcurridos casi diez años, el tribunal de apelación ha ratificado la condena. No hay variación en el criterio judicial a pesar del paso del tiempo. Tampoco existen pruebas científicas que permitan inculpar a la madre de un delito por el que se encuentra encerrada en una prisión.
Para Naciones Unidas, esta decisión es "una trágica regresión". Llegó a calificar el dictamen de "doble condena". Y recordó a la Asamblea del país que, desde el año 1997, los jueces aplican una de las legislaciones más duras en casos de aborto del mundo. En una línea similar se expresaron portavoces de la ONG Amnistía Internacional: reprobaron el hecho y lograron presentar 25.000 firmas al gobierno solicitando la inmediata libertad para Teodora Vázquez. Una petición, por el momento, desoída que convierte a esta y otras muchas mujeres en víctimas de un sistema judicial que lleva décadas violando los derechos y libertades más esenciales.
