Las múltiples vías judiciales abiertas y los recortes de plantilla marcan el futuro del banco
CUANDO A punto están de cumplirse cinco meses de la caída y traspaso del Banco Popular al Santander, las sombras, como los cipreses de Delibes, son cada vez más y más alargadas. Sombras laborales, con una reestructuración de plantilla que ya no es un temor, sino una realidad cierta que tiene en vilo en Galicia a unos 2.300 trabajadores, que es la plantilla que suman los tres bancos que ahora son uno, incorporando lo que queda del Pastor. Más sombras en forma de querellas y demandas en la Audiencia Nacional, por los minoritarios e incluso por los mismos consejeros y accionistas de referencia del banco. Y sombras que se alargan también a última hora como es la admisión a trámite por un juzgado de lo Mercantil de Madrid de la solicitud de concurso de acreedores para el Popular, que podría cambiarlo todo, poniendo el contador de esta crisis a cero, alejando al Santander. Todo penumbra.
Lo primero, el factor humano. El banco de Ana Patricia Botín, ajeno a polémicas, a demandas y a refriegas políticas, sigue su camino, que es largo. Lo hace con pasos cortos, pero sobre los que no acostumbra a volver. El gran hachazo laboral, el que afectará a la red comercial, se pospone a 2019, cuando se alcanzarán dos hitos: por un lado, la integración tecnológica de las oficinas, y por otro, la pérdida de personalidad jurídica para el Popular. Y esto no es asunto menor. Sin ir más lejos, todo parece indicar que será ese año, con esa dilución societaria en el Santander, cuando desaparecerán las marcas Popular y Pastor. Hasta entonces, seguiremos reclamando desde Galicia el mantenimiento de una enseña, la del Banco Pastor, que desde hace unos cuantos años poco tiene que ver con el capital gallego. Esto de la marca parece un cruel juego de nostalgias inútiles.
De momento, el Santander deja a un lado las duplicidades de red, que será la gran vía laboral de agua, y ataca los servicios centrales, ajuste que en la comunidad gallega afecta de entrada a unos 200 trabajadores. Galicia, precisamente por esa presencia histórica del Pastor, es de largo la comunidad con mayor solapamiento de oficinas. La cuota del nuevo banco ronda el 29% del total del mercado gallego, muy por encima de cualquier otra comunidad. Las nuevas heridas abrirán cicatrices mal cerradas en toda España. Tanto Santander como Popular, por separado, aplicaron Eres el año pasado. Del banco de Ana Patricia Botín salieron unos 1.400 trabajadores en 2016. Mientras, el Popular, todavía con Ángel Ron, activó un expediente para otros 2.600 empleados.
Más sombras. Esta misma semana la Fundación Barrié de la Maza se sumó a la acción emprendida por su presidente, en calidad de vicepresidente del Popular, contra la resolución del banco activada por el FROB, sucursalista en este caso de la autoridad bancaria europea. José María Arias ataca por dos vías, a título personal y a través de la fundación, accionista en su día de referencia del Popular. En este caso, todo se dirime por vía contenciosa en la Audiencia Nacional, mientras que, en paralelo, una joven asociación de consumidores, Acouga, se persona desde Galicia y se incorpora a la querella criminal presentada en el Juzgado Central de Instrucción número cuatro de Madrid contra el consejo del Popular. ¿El motivo? La última y controvertida ampliación de capital. La iniciativa está respaldada por la inquietud de unos 2.000 afectados gallegos, según sus promotores.
Tinieblas, más que sombras, las que asoman por otro juzgado. La admisión a trámite de la petición de concurso necesario para el Popular por la vía mercantil puede abrir una dimensión desconocida en la crisis del banco, que afecta incluso a la nueva propiedad. Es un despacho de abogados valenciano quien lleva la batuta en este caso. La clave reside en probar la insolvencia del banco previa a la intervención, y demostrar la ocultación del equipo de Emilio Saracho. Lo cierto es que si hubo resolución europea y no concurso fue precisamente para evitar esa supuesta insolvencia y garantizar las operaciones del banco de un día para otro. Nadie da un duro por que esta vía salga adelante. Sin embargo, tampoco nadie creía que un juez admitiría a trámite la solicitud de concurso de acreedores. Sería como volver al día previo al 7 de junio, cuando se intervino el Popular. Poner todo a cero, incluso la venta por un euro al Santander.
Por los pasillos de los juzgados se proyectan las sombras del Popular. Y desde los despachos de recursos humanos del Santander emerge ese otro eclipse de inquietud para miles de trabajadores. Una crisis por entregas. Lo peor de todo será acostumbrarse. Esto va para largo. Estamos en la primera temporada de la serie.
Un plan forestal con diagnóstico colectivo
NO resulta nada difícil encontrar las luces y las sombras de la política forestal gallega de los últimos treinta años. Por increíble que pueda parecer y por enmarañado y abrupto que pueda ser ese objetivo colectivo que es acabar con los incendios. Basta con acudir a los documentos de trabajo de las directrices que sirvieron hace un par de años para armar el Plan Forestal que ahora parece estar en un complicado ‘stand by’.
El documento final de propuesta de directrices para la revisión del Plan Forestal de Galicia, que así se llama, no solo es una hoja de ruta, sino que parte de lo que se ha hecho bien y mal en estos treinta años en el monte gallego. Es decir, de un análisis previo. Y ofrece muchas claves.
Son muchos más los aprobados que los suspensos si atendemos a lo menudo. Y un problema de fondo, la percepción del grado de cumplimiento del plan forestal anterior es muy baja, dice el documento. No es la normativa, pues, sino su falta de ejecución. Es una primera reflexión a tener en cuenta por todos los actores. Ellos mismos participaron en la elaboración de la propuesta de directrices, e incluso presentaron votos particulares a algunas iniciativas.
En síntesis, resultan abrumadoramente más rotundos los suspensos que los aprobados en esa carrera larga que ha sido el plan forestal. Como tristes ejemplos, se consideran como puntos estratégicos "cumplidos"la creación de los estudios universitarios forestales, la puesta en marcha del Centro Tecnológico de la Madera, el desarrollo de los distritos forestales y la formación profesional del sector. Poco más. Una prueba de lo mucho que queda por hacer.
