ES UN CADÁVER que no sabemos cómo enterrar. A este tipo de glosas recurren estos días destacados miembros de la Confederación de Empresarios de Galicia, la gran patronal, para referirse a su presidente, José Manuel Fernández Alvariño. El motín comienza a armarse, sin que los sublevados atopen todavía recambio a la vista y mucho menos una herramienta efectiva para apartar del cargo al líder de los empresarios gallegos. Esta es una historia de promesas incumplidas para llegar a la presidencia, decisiones con poco de ética y mucho menos de estética en el seno de la organización y rivalidades pretéritas que no se olvidan. Un denso entramado de relaciones personales no ayuda en nada a clarificar posiciones y mucho menos justifica estrategias, que por momentos son puro y excesivo tacticismo.
La primera premisa para abordar la situación en la patronal gallega es detenerse en su presidente, el abogado vigués, y en el balance de su gestión desde que llegó al cargo, del que van a cumplirse este mes dos años. Fernández Alvariño logró la presidencia en 2013 después de haberlo intentado en otras dos ocasiones, que perdió frente a Antonio Fontenla. Esta tercera vez, y ante la falta de apoyos desde Lugo y Ourense, el empresario coruñés optó por retirarse a tiempo. Alvariño llegó con casi el 40% de la patronal en contra, y a pesar de sus llamadas a la unidad, esa división en la votación por la que salió elegido presidente se ha convertido desde entonces en el diapasón que marca los tonos en el seno de la patronal.
Lugo y Ourense, decisivas en el plan para desbancar de la presidencia a Fernández Alvariño
Afable y vehemente, Fernández Alvariño gana en la distancia corta, pero no es precisamente simpatía y jovialidad lo que se espera del presidente de una patronal. Y mucho menos cuando para llegar al cargo arranca apoyos a cambio de promesas. Por ejemplo, las de dar más peso a las organizaciones provinciales, sobre todo las de Lugo y Ourense, que han visto cómo la reforma de los estatutos se ha quedado en el cajón. Son precisamente las organizaciones del interior las que ahora optan a inclinar la balanza de este particular juego de tronos que siempre ha tenido dos reinos enfrentados: A Coruña y Pontevedra. En todo esto tampoco ayuda nada la nula equidistancia que ha mantenido Fernández Alvariño frente a la Xunta, con una actitud que, a juicio de sus críticos, ha sido la propia de un palmero. Poco queda de ese 2015 «espectacular» para Galicia que pronosticó hace unos meses el presidente de los empresarios.
Ahora llega el momento de las cesiones, que en el caso que nos ocupa han pasado para Fernández Alvariño por el reciente sacrificio de algún estrecho colaborador, incómodo para los críticos. Pero nada parece suficiente a estas alturas. El error de contratar determinados servicios corporativos de la confederación de empresarios a su grupo de empresas (coche y chófer oficial, seguro de la sede) y cambio en el histórico bufete de abogados por el despacho de Garrigues, mucho más cercano a sus intereses, pesan como una losa en su gestión interna, que por lo demás apenas puede brillar. Y todo ello por una cuestión: Alvariño es incapaz de sacar adelante no solo los presupuestos de este año. Tampoco tiene apoyos para aprobar las cuentas de la organización correspondientes al año pasado. La parálisis, pues, es permanente.
En todo ello tiene mucho que ver el papel que desempeña Ourense, con un autoproclamado candidato que tampoco logra recabar apoyos suficientes para orquestar una moción de censura que no es tal. De hecho, por estatutos, la única posibilidad de asalto efectivo es la forzar la convocatoria de una asamblea general de la confederación, y forzar la dimisión de Alvariño reprobando su gestión. Nada más. Por ello, se presenta difícil la batalla sin un acuerdo entre las tres provincias (Lugo permanece en manos de una curiosa gestora, que se toma todo esto como una larga partida de mus en la que hay mucho que ganar), a la que se sumarían algunas patronales sectoriales con mucho peso, como las industrias metalúrgicas y la construcción.
Desde el norte, y en un calculado y discreto segundo plano, Antonio Fontenla, el expresidente, observa y administra sus apoyos y tiempos, consciente de que sin A Coruña los rebeldes no irán a ningún lado. Está más que descontada su aspiración para volver a presidir la patronal gallega, pero ello no quiere decir que no tenga ya a su elegido. Mientras la coctelera se agita a varias manos, sin barman claro para ser alternativa a Fernández Alvariño, el actual presidente apela a una extraña «armonía» interna que solo él entiende, consciente quizá de que esta partida la ganará quien sea más fino conspirando. Un motín en toda regla.
Galicia y la crisis ante el espejo del CES
NO se trata solo de que no le consulte. Por increíble que pueda parecer, el Consello Económico e Social (CES) es un órgano consultivo al que la Xunta ni responde. Y lo dice una nada sospechosa presidenta como es Corina Porro al abordar los datos de pobreza y exclusión social en Galicia, que la consellería del ramo (Benestar Social, con Beatriz Mato al frente) no tiene a bien facilitar. Con su negativa, la Xunta está levantando la alfrombra de las sospechas. Y lo hace negando datos a un organismo que es como un oráculo donde está representada gran parte de la sociedad gallega: sindicatos, patronal, universidades, asociaciones y colectivos sociales...
En su último informe, el correspondiente al 2014, el CES traza una radiografía de la crisis que resulta redundante por conocida y difundida por muchos otros organismos y agentes sociales, sean de parte o no. Pero no por ello es menos importante. La neutralidad avala a esta institución, muy olvidada durante la crisis. El del CES es, por resumirlo gráficamente, un algodón que no engaña. Y el informe repasa problemas que, como hemorragias, la actuación política debería taponar.Es el caso de la demografía y la constante pérdida de población activa. También ilustra todo ello un sector industrial huérfano de soluciones, que arrastra determinados servicios dentro de su cadena de valor. La constante pérdida de convergencia frente a España en esta dispar salida de la crisis es otro elemento en común, así como el crecimiento de las desigualdades. Demasiadas advertencias coincidentes como para no tomar en serio a este organismo, cuyo lamento se suele ignorar.
ISABEL GARCÍA TEJERINA. Un millón de euros para luchar contra el fin de las cuotas
LA cifra lo dice todo. El Ministerio de Medio Ambiente, en plena crisis del sector por el fin de las cuotas, pondrá en marcha un paquete de medidas cuya actuación estrella es una línea de ayudas con una dotación inicial de un millón de euros. El presupuesto de gasto total para este año del departamento dirigido por Isabel García Tejerina asciende a nada menos que 11.623 millones de euros. Otra cifra que lo dice todo, sobre todo si la comparamos con lo que habilitará el ministerio en esa cruzada contra los desequilibrios del sector lácteo. La ministra se reunió esta semana con el sector. Y no convenció. Ni sus argumentos ni las medidas que anunció, entre las que se encuentran hasta acciones divulgativas para fomentar el consumo de leche. ¿Se lo está tomando realmente en serio? El lunes estará en Bruselas. Oportunidad de oro para que la ministra ejerza e intente convencer a Europa de la necesaria atención al lácteo español.
JESÚS LENCE. El único industrial que da la cara en el conflicto lácteo
EN el plantón generalizado que ha dado la industria a la convocatoria realizada por la Consellería de Medio Rural hubo una sola presencia, la suya. Jesús Lence, un empresario que no suele gastar pólvora en salvas, acudió a la reunión alentada por la Xunta ante la crisis del sector lácteo, que había convocado también a productores, sindicatos y distribuidores. Lence, que lo último que suele hacer ante los problemas es cortarse, está en el ojo del huracán por alegar deficiencias de calidad para no recoger leche a los productores. Con Río y Leyma, es el gran industrial gallego. Y por mucho que se pueda criticar su actitud, al menos da la cara. Y es de agradecer. Acudiendo a la reunión, Lence cerró una semana agitada tras la multa impuesta por Competencia a sus gasolineras, abanderadas de Repsol, que ya ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Nacional.
