La complacencia con el poder político ha sido el gran pecado nunca reconocido de la CEG
CUANDO una fiera se siente acorralada es cuando más daño puede hacer. Lo dice el manual y lo saben unos y otros. Sin embargo, nadie se fía de nadie en esta espiral de desencuentros y reproches en la que está inmersa la patronal gallega, en teoría el foro que aglutina el sentir de los empresarios, les sirve de vínculo con la sociedad y actúa como altavoz de sus reivindicaciones. Pero todo ello es mucho pedir a estas alturas del partido, con una imagen, la de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), ya por los suelos.
En dos semanas habrá junta directiva y comité ejecutivo en la patronal, convocada por el actual presidente, el acorralado en esta historia, para eludir una reprobación pública en una asamblea, como pretendían sus críticos, y poner tierra de por medio en su particular aventura con una convocatoria de elecciones más que anticipadas, tras solo dos años de mandato. José Manuel Fernández Alvariño se irá por la puerta de atrás previsiblemente en enero, sin apoyos y tras un éxito que muda en derrota después de haber vencido a la tercera a Antonio Fontenla, su antecesor en el cargo.
La patronal gallega está prácticamente cerrada por derribo, pendiente de créditos para pagar las nónimas a sus trabajadores, y envuelta en evidencias de nepotismo tras dos años de una gestión de Fernández Alvariño sobresaliente a la hora de mirar por los intereses de sus empresas, pero muy deficiente en otros ámbitos.
Alvariño ha hecho bueno a Fontenla. Ese será su mayor legado. Sin embargo, el gran pecado de la patronal gallega une a ambos indisolublemente e incluso se remonta a la etapa del difunto Antonio Ramilo al frente de los empresarios. No es otro que su reiterada complacencia con el poder político. Nunca una mala cara, nunca un gesto de reprobación ante una decisión de la Xunta, por ejemplo, independientemente de quien fuera el inquilino en San Caetano. Los abrazos convertidos en saludo oficial. Y así hasta que la mancha se transformó en vicio y se aupó sin matices a la categoría de clientelismo, tan frecuente en Galicia durante años y años. La acusada dependencia de los presupuestos autonómicos para la financiación de la patronal marcó una hoja de ruta perversa, adictiva, que ha tenido como resultado su práctica inutilidad en los últimos años, más allá de la gestión del dinero público con dispar transparencia, según los casos. Subvenciones, cursos de formación, redes y plataformas empresariales en el exterior.... De largo, más de la mitad del presupuesto de la patronal gallega lo viene aportando la Xunta, que permanece en estos delicados momentos en silencio, de perfil, al abrigo de los problemas.
Superar el trance ahora se antoja difícil. Por una cuestión. Complicado relevo tendrá Fernández Alvariño una vez autodescartado a tiempo Fontenla para concurrir a las elecciones, pero también sin apoyos ciertos a estas alturas. Y es que si repasamos los territorios, la patronales provinciales, que representan un 60% de la CEG, vemos que Lugo está sin presidente y no parece que vaya a preocuparle mucho a sus gestores no tener uno en los próximos meses. En Pontevedra, un juez tendrá que decidir si valida el proceso de las elecciones del pasado verano, impugnadas por chalaneo de votos. Queda Ourense. Y desde allí se postula oficialmente José Manuel Pérez Canal, que tampoco levanta pasiones, y extraoficialmente el tapado Antonio Dieter, presidente de la Asociación de Empresas de Formación de Ourense, un nombre con el que muchos quieren jugar al despiste.
Y es que, a estas alturas, los errores se pueden pagar caros. Por eso, a buen seguro que el nombre de consenso que necesariamente se tendrá que pactar para salvar la patronal todavía esté en la mente de los protagonistas de esta historia, debilitados también, como vemos. Quizá es el momento para la alternativa desde las patronales sectoriales, que piden cambios a gritos. Por muy democrática que sea, más división con varios candidatos proyectaría de nuevo una imagen de debilidad en las elecciones de enero. Por eso, más allá de los consensos necesarios y del nombre del relevo para Fernández Alvariño, lo que hace verdaderamente falta es un cambio en las formas, en los mensajes, en las vías financiación y en la participación en la patronal gallega, que con esta crisis también ha acusado la fuga de asociados. A grandes problemas, grandes soluciones. Lo que necesitan de verdad los empresarios gallegos es alguien que les represente. Y lo que hace falta en la patronal es una auténtica operación de salvamento. De otro modo, volveremos a lo de siempre. Y así, entre todos, dirán que la mataron otros.
Los chicos de Caixa Galicia se van de rositas
PRIMERO fueron las preferentes, el camino directo para engordar los balances y sacar el pecho que no tenían presumiendo de un capital que tampoco les llegaba. Casi a la vez se acumularon las reclasificaciones de activos inmobiliarios, con tasaciones de locura para seguir alimentando al monstruo e insistir con las refinanciaciones del ladrillo. Sobre esos dos ejes pivotaron los años locos previos a la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova. José Luis Méndez, el director general de la entidad del norte, saltó del barco justo antes, aunque no a tiempo, a ojos de la Fiscalía, que investiga una decena larga de operaciones de su final de etapa.
Mientras, el que fuera su segundo, Javier García de Paredes, se lo piensa y, tras ser absuelto del caso de las indemnizaciones millonarias, todavía no ha dicho esta boca es mía para devolver lo que anunció: exactamente, 5,6 millones. Y mientras todo esto sucede, otro de los chicos de Méndez, con un puesto clave en su día dentro de la organización, ve cómo el Banco de España le sanciona por una "falta muy grave", y a la vez le multa con unos ridículos 15.000 euros. Se trata de Francisco Zamorano, ex director de riesgos con Méndez, responsables de la unidad de activos singulares (el ladrillo tóxico, para entendernos) con José María Castellano y hoy lejos de Abanca. Pues bien, Zamorano, a la sazón inspector en excedencia del Banco de España, recibe esa exigua multa del instituto emisor tras quedar demostrado que, desde Tasagalicia, filial de Caixa Galicia, incurrió "de forma manifiesta en falta de veracidad en la valoración" de activos. Zamorano llegó al Constitucional por este asunto. Raro, raro.
