El plan de Dieter Moure nace cojo: nueve de cada diez euros que ingresa son fondos públicos
EL PROBLEMA. Simplemente así: el problema. Sin nombrarlo. Nada de detalles, ni matices, ni mucho menos adjetivos. Para el difunto Antonio Ramilo no era nada más que el problema. Así definía una y otra vez el que fuera presidente de la patronal gallega el agujero de seis millones de euros descubierto en las cuentas, que a la postre acabaría por llevárselo por delante a finales del 2000 y deslucir sus nueve años al frente de los empresarios gallegos. El problema acabó en los juzgados denunciado por su sucesor, Antonio Fontenla, al detectar indicios de uso fraudulento de fondos públicos en los cursos de formación de la patronal. El caso todavía no está resuelto. Y ese roto de seis millones acabó también por formar parte del pasivo de la patronal hasta hace nada, apenas un año, convirtiéndose en una deuda global de diez millones, al tener que recurrir a créditos para financiar el desequilibrio patrimonial acumulado. Como en las familias, en la patronal gallega los problemas también se heredan. El siempre controvertido Ramilo, último alcalde franquista de Vigo, falleció en enero de 2006. La crisis había estallado seis años antes. Y, desde entonces, la patronal gallega ha transitado por una delicada senda, siempre de la mano de unos presupuestos armados con alfileres, y en una dependencia casi absoluta del dinero público y las subvenciones. Fontenla (2001-2013) aguantó el tipo en los peores años, y su sucesor Fernández Alvariño (2013-2015) se quedó con el boato y olvidó los números.
Apenas se puede achacar nada a Dieter Moure, el profesor ourensano que desembarcó en la patronal en enero. Al menos, en cuanto a los problemas heredados. Otro cantar son las soluciones aportadas, cuando la entidad está al borde de la quiebra. Y es que la patronal debe la cuota de marzo del préstamo de su sede, y este mes tiene otro vencimiento. Tampoco ha podido hacer frente a las nóminas de junio y a los pagos a la Seguridad Social de mayo. Lo dice el propio plan de viabilidad impulsado por Dieter Moure y aprobado como su nombramiento, con sonora oposición, esta vez en forma de abstenciones. El plan deja en evidencia una fragilísima estructura financiera en la Confederación de Empresarios de Galicia. Contrastan algunos salarios, como el de su secretario general, auténtico hombre fuerte y superviviente desde los años de Fontenla. Fausto Santamarina Fernández cobra la friolera de 107.000 euros al año (más de 8.000 euros mensuales) y otros dos cargos tienen salarios superiores a los de un conselleiro sin trienios, al ingresar por encima de los 60.000 euros.
La salvación de la patronal pasa, con la oposición de Lugo, parte de Pontevedra y Ourense, pero con el apoyo de A Coruña y las asociaciones sectoriales, por un plan de adelgazamiento en toda regla. Nada más. Despidos (de veinte pasa a doce trabajadores), reducciones de salarios generalizadas (está por ver el del secretario general) y la petición de nada menos que 1,2 millones a los bancos para cancelar todas las deudas, entre ellas la de su sede. Abanca, PopularPastor, Santander y BBVA tendrán la última palabra. Los empresarios gallegos son insolventes también en cuanto a las propuestas para incrementar los ingresos de su patronal más allá del alquiler de algunos salones de su sede y los despachos que queden vacíos con la reestructuración, como refleja el plan. Poco más. Toda una evidencia de la falta de ideas de los nuevos gestores.
Un repaso a la estructura de ingresos deja en evidencia sus debilidades, que no parecen tener fin si se revisa el plan aprobado. Y es que más de un 93% de los ingresos de la CEG corresponden a dinero público, entre las aportaciones de la Ley de Participación Institucional (600.000 euros), programas como el polémico Pexga (1,9 millones) y participación en órganos consultivos, frente a unos ingresos por cuotas que no llegan a los 350.000 euros al año. Llama mucho la atención esta ruina en comparación con la solidez de otras patronales sectoriales, como la Federación Gallega de Comercio, gestionada desde Lugo y aparentemente muy saneada.
Quizá, lo que más llama la atención de la nueva realidad a la que se enfrenta la organización presidida por Dieter Moure es la falta de ideas, tanto las que debería aportar el propio plan de viabilidad como las que está obligada a proyectar una organización así en una etapa como la actual, en este tramo final de una crisis eterna. Por sus propuestas, el nuevo presidente de la patronal es un perfecto desconocido para la sociedad gallega. A buen seguro que otro tanto sucede a ojos de la Xunta. Y, lo que es peor, también para los empresarios, a quienes supuestamente debe defender.
El futuro de Alcoa y el papel de la Xunta
ES UNA de sus últimas balas. Y lo saben. El movimiento de la plantilla de Alcoa repartida por Cervo y A Coruña para que Núñez Feijóo los reciba y les informe de "sus gestiones para contrarrestar" la "crítica situación" de los trabajadores de la multinacional en Galicia no deja de ser otro intento por buscar un amplificador a sus protestas, del todo legítimas desde el minuto uno de esta nueva crisis, cuando el grupo anunció la búsqueda de comprador o socio. Y por mucho que el presidente de la Xunta y su conselleiro de Economía, Francisco Conde, estén sobre el asunto, especialmente en lo que respecta a las condiciones de la factura energética del grupo y los costes de interrumpibilidad, quien de verdad tiene que dar cuentas y hablar claro de una vez es la propia Alcoa. Empezando por su presidente en España, Rubén Bartolomé, que no lleva un año en el cargo. Es el ejecutivo clave en esta historia, por llevar las relaciones institucionales del grupo y ocupar, a la vez, la dirección general de productos primarios en España, que engloba a las plantas de San Cibrao, A Coruña y Avilés.
El papel de la Xunta, que lo tiene, pasaría por la mediación en la búsqueda de garantías para que las plantas gallegas disfruten de unos costes energéticos razonables, sea o no Alcoa su propietario. Con la mirada en el medio plazo, el interés que San Caetano tiene en esta operación pasa por ofrecer las mejores condiciones de costes de producción para las fábricas, no para Alcoa, aunque ahora sean lo mismo, con el fin de evitar cualquier deslocalización, y a la vez blindar las plantas (y los cientos de empleos) ante la eventual llegada de nuevos propietarios.
Ferando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios
¿Pagará Europa a los ganaderos por dejar de producir leche?
ESTA vez le ha tocado dar la cara. Es Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del ministerio que encabeza en funciones Isabel García Tejerina. Miranda anunció a cinco días de las elecciones que el Gobierno solicitará a la Comisión Europea que incentive a aquellos ganaderos que han reducido de forma voluntaria la producción de leche. El drama tiene premio. Y resulta muy triste comprobarlo. Según los cálculos que utiliza Miranda para elevar a Bruselas tal petición, los precios de la leche en España están por encima de la media comunitaria por cuarto mes consecutivo, y ese ejercicio de contención por parte de todos los operadores es motivo suficiente para que se atiendan las reclamaciones del ministerio. Donde el director general ve una oportunidad para que Europa pague por dejar de producir leche, otros ven una rendición silenciosa ante los caprichos de un mercado que sigue muy lejos de Galicia.
Juan Miguel Villar Mir, exministro y expresidente de OHL
Agridulce despedida para el propietario de Ferroatlántica y OHL
FORMA parte ya de los anales de la crónica empresarial gallega. Y lo hace con nombre propio, por muchas críticas encajadas. El exministro Juan Miguel Villar Mir, que en su día formó parte del Gobierno de Arias Navarro, deja la presidencia de OHL, el grupo constructor que levantó a golpe de gangas. Lo hace en un momento convulso, en pleno proceso de desinversiones y con muchos problemas en México. Pero también con unos resultados, los de Ferroatlántica (con plantas en Cee, Dumbría y Sabón), que mejoran otra vez, en gran medida en volandas de un negocio hidroeléctrico, el del Xallas, muy discutido y hasta judicializado. La división de ferroaleaciones aporta casi 40 millones de beneficio al grupo, mientras que los saltos eléctricos, en plena ampliación, generaron en 2015 otros tres millones. Villar Mir se va, queda Ferroatlántica para rato.
