Parece que sí. Si leemos el documento suscrito entre el PSOE y ERC, un texto que alude a pactos que solo pueden suscribir gobiernos, cuando ni unos ni otros pueden convenir en nombre de poder ejecutivo alguno. El gobierno nacional no conviene nada, ni podría respecto a las materias que se abordan, pues está en funciones, el que negocia es el PSOE, y el Gobierno autonómico de la Generalidad catalana no ha participado ni en la gestación ni en la adopción del acuerdo, es ERC quien pretende intervenir como tal, cosa que el hecho de que un miembro del Gobierno, en el anterior Estatuto Consejo Ejecutivo, no justifica. Además, el bloque normativo jurídico constitucional no atribuye al ejecutivo autonómico la posibilidad de asumir el papel que en el documento se afirma que se le reconocerá, en quince días se afirma.
Así pues el texto en cuestión es una impostura. Ciertamente no es ambiguo; pero eso, como escribía ayer la directora adjunta de La Vanguardia de Barcelona, "conduce al ombliguismo, la inflexibilidad, las verdades irrefutables y las cesiones concebidas como derrotas. Y esa receta ya la hemos probado bastantes años".
De modo que mientras no lo asuma quien únicamente tomaría en función de lo escrito, compromisos, que sería el Gobierno de España, es un compromiso partidario, que en nada obliga al Estado, el único, por cierto, que según los dos sujetos firmantes resultaría comprometido a algo tangible, si el políticamente lamentable tenor del texto del acuerdo tuviera algún valor —si así se pretendiera y se intentara endosárselo al Gobierno del Estado, sería una flagrante irregularidad con consecuencias incluso penales para los que eso hicieran—.
Todo en el documento es inaceptable, latiendo en él el reconocimiento de un sujeto político que en los términos y con el alcance que resultan no existe. No existe un sujeto político Cataluña cuyo gobierno pueda negociar bilateralmente con el Gobierno de España, no es posible con arreglo a la legalidad aceptar tal cosa.
Es muy relevante también que se haga referencia además al conflicto político, lo que hay que poner en relación con un eufemismo como es la referencia al "apoyo amplio de la sociedad catalana": ¿qué es amplio apoyo? ¿cómo se determinaría? Ni siquiera se alude en el escrito a la mayoría social. Claro, para acreditar eso se supone que se realizaría la consulta a la que se alude. Pero, ¿para qué? ¿con qué valor o consecuencias? ¿con qué garantías? ¿por qué habrían de participar los que rechazan todo este atajo disparatado y enderezado solo al intento, veremos lo que pasa, de que el señor Pedro Sanchez supere la votación de investidura?
Si yo fuera diputado en esta legislatura, a la vista de esta impostura indigna, aunque unos agentes de mi partido hubieran pergeñado y suscrito, por cierto sin mandato ni autorización del competente órgano partidario competente para ello, en el caso del PSOE su comité federal, que ni siquiera se ha reunido ni se va a reunir al parecer, y a la vista de lo inaceptable de lo escrito, pues las interpretaciones de ERC aireadas sin rubor, no dejan lugar a dudas, en cumplimiento de la representación del pueblo español, que es la que tienen todos y cada uno de los miembros del Congreso de los Diputados, y en atención a la lealtad y fidelidad debidas a los españoles todos, no dudaría en votar en contra de la investidura del señor Sánchez, que es la razón a la que obedece, no sabemos además con qué alcance real, lo que se ha suscrito por unos militantes socialistas sin mandato para ello, y sin que haya sido ratificado el texto, repito, por su máximo órgano entre congresos. Y no lo digo por decir. Vaya si lo haría, como deberían hacerlo quienes en conciencia compartan lo que con respeto y razonable análisis, a mi modesto entender, dejo escrito. Y los diputados que mantengan que no es como expongo, que lo expliquen y justifiquen, eso sí, antes de votar. Si es que no da todo igual.
