Aun resonaban los ecos de la polémica que se levantó acerca de la decisión de gravar los ingresos extraordinarios de la banca y de las energéticas, un disparate tal como se plantea, si es que se sabe bien lo que se propone –con lo fácil que sería establecer una tarifa en el impuesto de sociedades y tipos superiores para las ganancias más altas– cuando la decisión de la Junta de Andalucía de rebajar a cero el tipo del impuesto sobre el patrimonio, esto es, suspenderlo de hecho, ha desatado una nueva batalla en este campo de Agramante en el que se está convirtiendo la fiscalidad en nuestro país.
Ahora, después de que toda la ignorancia exhibida por los charlistas de estudio radiofónico y los políticos de conocimientos limitados –no se cumple hoy ni aquello de que la mayoría de los políticos tienen conocimiento general e ignorancia particular– hayan predicado de nuevo sobre que los ricos tienen que pagar más, detallando con torpeza que con lo que se recaudaba en Andalucía por el impuesto sobre el patrimonio –en el año 2020, este impuesto apenas logró recaudar en esa comunidad 93,3 millones de euros abonados por 16.785 contribuyentes– según los adalides de la propaganda de una teórica nueva justicia fiscal, daría para no sé cuantos centros de atención primaria, escuelas, contrataciones de pediatras y carreteras, resulta que la realidad les contradice, por poner un ejemplo no se pude contratar a más pediatras que los que hay, y el problema de esta especialidad médica es que hay más demanda que oferta, o sea, que la solución será que estos vates pongan a estudiar medicina y procurar que se especialice en pediatría alguno de sus hijos.
Siempre he dicho que los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónoma para su financiación, pueden ser "modulados por ellas" pero no suspendidos, porque eso entraña desigualdad fiscal entre los ciudadanos de los distintos territorios en relación con gravámenes que son estatales y que por tanto deben ser básicamente iguales para todos, como sucede hoy con los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, e incluso el de trasmisiones, que tiene varios puntos de diferencia entre unas comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas deben y pueden alterar sus propios impuestos, no los cedidos, y por cierto en relación a estos últimos hay que demandar una razonable estabilidad, porque es un agravio fiscal que ahora se recauden y mañana no, como sucede con el baile que se ha instaurado por ejemplo con el de sucesiones o el de patrimonio.
El impuesto sobre las grandes fortunas que se anuncia ahora es una ocurrencia torpe, si es una reacción ante la suspensión del impuesto sobre el patrimonio en algunas comunidades, por la sencilla razón de que ambos no pueden convivir en el sistema fiscal, hay que elegir, uno u otro, sea cual sea el tipo impositivo vigente, más allá de que ambos son instrumentos fiscales, demagógicos, fracasados en la mayoría de los lugares en los que se establecieron y ausentes en la mayoría de los países.
¿Qué es una gran fortuna? La respuesta ya se va apuntando en los mentideros: tener un patrimonio superior a un millón de euros, lo que sería una estimación calificable como bufonada fiscal. Si en Andalucía solo pagaban el impuesto sobre el patrimonio algo más de 15.000 contribuyentes, es que un alto porcentaje de la riqueza es opaca para la Agencia Tributaria, y lo que hay que hacer es remodelar, fortalecer, especializar y tecnificar la inspección fiscal.
Esto no puede seguir derivando a la creación de nuevos impuestos transitorios y temporales, que después se petrifican, es lo que pasó con el de patrimonio, que era extraordinario y temporal, y que ahí sigue, y pasará con el gravamen ese que preparan para los ricos, que dicen que será solo por dos años, al igual que el golpe fiscal a las energéticas y financieras.
Esto es muy serio, hay una cosa que se llama justicia fiscal, y todos tenemos derecho a ella, y no puede verse comprometida por necesidades perentorias de gasto de las administraciones. La respuesta es que lo que cabe exigir es trasparencia acerca de lo que pagamos, calculen una tarde lo que han pagado de Iva en el ejercicio anterior, y eso es un impuesto, y súmelo a los demás impuestos directos e indirectos satisfechos por usted durante el año sin ser rico sino protegido. Verá que sorpresa.
Lo que es menester es más trasparencia, administrar mejor y controlar el gasto público desbocado. Y que el sistema fiscal sea claro, sin duplicidades ni dobles imposiciones, que una cosa es que vivamos en un Estado compuesto y otra que eso justifique exacerbar nuestras obligaciones fiscales hasta los límites de la confiscación. Salvo que se entendiera que superar el 50% del PIB, estamos casi en el 40%, no es confiscatorio, y que tampoco lo sea exigir a un contribuyente anualmente más del 50% de sus recursos, sean los que sean.
