HACE 25 AÑOS se celebraron las elecciones de la VI Legislatura en las que José María Aznar y el PP se alzaron con la victoria batiendo a Felipe González y al PSOE en el poder desde 1982. Recuerdo que la disolución que dio paso a esos comicios la precipitó el abandono de los diputados de la Convergencia catalana en la votación de los Presupuestos Generales del Estado que fueron devueltos al Gobierno. El proceso final del tiempo de Felipe había empezado no obstante antes, y uno de los hechos que creo que más le afectó fue el que protagonizó el ya entonces juez Ventura Pérez Mariño, diputado socialista por Lugo en la V legislatura, que había accedido al escaño escoltando al inefable Baltasar Garzón, que a su vez había sido ubicado detrás del mismo González en la lista electoral de Madrid.
Estos jueces parece que debían cumplir la función de ser garantía de que la corrupción iba a ser conjurada, pero don Ventura tuvo poca paciencia, en realidad pareció que solo aguardó a cerciorarse de que no sería fiscal general del Estado, cargo al que al parecer, y según se dijo, aspiraba, y después del debate sobre el estado de la nación de 1995, si la memoria no me falla, que el Gobierno había capeado bastante bien, organizó una rueda de prensa en el escritorio del Congreso, junto al hemiciclo, en la que anunció que dejaba el escaño porque Felipe González no había encarado con decisión la necesaria catarsis y por tanto la situación seguía contaminada sin remedio por las corruptelas, y él en tales circunstancias no iba a seguir allí. El personaje algunos años ostentó brevemente la alcaldía de Vigo, y curiosamente decidió cesar en el gobierno municipal a los munícipes del BNG que le habían aupado, y claro, fue desalojado de la alcaldía de la ciudad olívica en un santiamén, dando lugar a que Corina Porro, que había encabezado la lista más votada, se hiciera con la vara municipal.
En aquellos comicios de 1996 González y Aznar habían debatido mucho sobre la corrupción. La cosa no era para menos, pues el gobernador del Banco de España y el director general de la Guardia Civil habían sido imputados, en este último caso con un desenlace de novela cómica que coronó el cuento del capitán Khan, una de las páginas más hilarantes de la vida política española.
Aznar reivindicaba la "regeneración democrática" y González hablaba de un nuevo "impulso democrático". Ha trascurrido un cuarto de siglo y aquí estamos, esperando a que el panorama se despeje de tantos estorninos como nublan el horizonte con demasiada frecuencia, y se conjure el daño que algunos de ellos causan pues, contra su naturaleza, los hay rapaces.
Definitivamente es necesaria una nueva ley electoral que devuelva el poder a la ciudadanía arrebatándoselo a las élites partidarias y que remoce eficazmente la democracia representativa, que es lo que diseña la Constitución, poniendo fin al poder inmoderado y opaco de las camarillas partidarias, las antiguas y las nuevas, y haciendo que las Cortes cumplan su papel y dejen de ser un lugar al que los líderes van demasiadas veces a dar cauce a sus ocurrencias.
El Gobierno legisla sin rubor, así lo ha hecho desde el comienzo, y la cosa se ha ido agravando. En la I Legislatura se aprobaron 200 leyes y se dictaron 71 reales decretos leyes, y en la X, frente a 126 leyes, el Gobierno, con mayoría absoluta, aprobó 76 reales decretos leyes, que fueron respectivamente 8 y 30 en la primera parte de la XII Legislatura y 9 y 35 en la segunda parte de ella. Un verdadero escándalo, una dejación del ejercicio de la potestad legislativa por quien es su titular, que son, aunque no lo parezca, las Cortes Generales. En 2017 solo se habían dejado de convalidar 3 reales recretos leyes, 3 de varios centenares. Desde 2018 se ha denegado la convalidación de unos pocos, más que los derogados en 40 años, pero, en todo caso, ha sido merced al juego estratégico de las direcciones de los partidos.
Si se cambia la ley electoral y se establece un sistema mayoritario por circunscripciones, esto se acabará, las Cortes, en particular el Congreso, recuperarán su espacio propio, los diputados legitimarán institucionalmente a quienes sean elegidos para formar parte de los órganos constitucionales privando de su selección a los clanes dirigentes de los partidos y, sobre todo, recuperaremos plenamente el valor democrático de la Ley.
Como consecuencia, se propiciará una mayor trasparencia en la adopción de decisiones, se recuperara la democracia representativa y nos alejaremos de la corrupción. Aunque sea 25 años después y llámese regeneración democrática o impulso democrático, no estaría mal que se acometiera de una vez el necesario saneamiento de nuestra democracia, abandonando las listas cerradas y bloqueadas y las exigencias sin sentido para poder presentar candidaturas a las elecciones generales. Lo demanda un futuro mejor.
