EL PRETEXTO objetado por la Audiencia de Sevilla para no encerrar de inmediato a cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía, condenados por el caso de los Ere, como reclamaba la Fiscalía Anticorrupción, con la evasiva de que no existe riesgo de fuga (¿tan segura está?), podría aplicarse a un altísimo porcentaje de la población reclusa, que sin existir tampoco esa probabilidad sigue enchironada. Cierto que no hay sentencia firme, pero otros muchos presos, a la espera de que se resuelva su recurso, se aburren en el trullo.
Es un episodio más que evidencia las diferentes varas de medir en la ley penitenciaria, según convenga, lo cual concluye en agravios que desprecia la equidad del sistema carcelario. Unos que no entran, como en este caso, y otros que salen nada más entrar, prueba la evidencia de los desajustes y desarreglos en el cumplimiento de las penas. Aunque sea con cobertura legal, ¿por qué no se benefician de la misma interpretación jurídica los robagallinas u otros proscritos, recluidos por delitos menores y aniquilados en sus chironas? No tardaremos en ver como los golpistas catalanes desfilan jactanciosos hacia la libertad como si no fuese con ellos, pese al larguísimo proceso judicial que los condenó.
