EN UNA situación tan arriesgada, con la salud y la propia vida en juego, el país no puede soportar la descoordinación entre políticos y jueces. Un desentendimiento que agrieta barreras, equilibrios y cautelas, propiciando que la pandemia se desboque más de lo que ya está. Discordancia, al fin, que evidencia la carencia de preceptos, claros y precisos, para que ningún juez lo interprete a su buen saber y entender, y eso se consigue con acuerdos entre los partidos que forman el arco parlamentario, ante una situación tan excepcional. Los jueces también pueden extralimitarse, no siempre están en posesión de la verdad, y el que, hasta el momento, algunos de Madrid o Ciudad Real antepongan criterios jurídicos a decisiones políticas necesarias, es cuando menos controvertido, sea o no en defensa de derechos que consideran ‘esenciales’, como recrearse en el ocio nocturno, fumar o prescindir de la mascarilla, en contra de la establecido por el Gobierno y comunidades autónomas. Aun en el supuesto de que alguien lo aplauda, en defensa de las libertades, objetivamente, en el fondo, no deja de ser una decisión muy discutida que incita a la sublevación, además de crear confusión, alarma social y judicial y atentar contra el sentido común y el sentir general.
