No ha de sorprender que el ministro del Interior se apresurase a identificar, para ejercer derechos punibles, al individuo que disparó en una galería de tiro contra las siluetas del presidente del Gobierno, de Pablo Iglesias y del propio Marlaska. Sorprende sin embargo que el Gobierno considerase en su día libertad de expresión otros hechos similares, no menos censurables, como el de guillotinar a Mariano Rajoy o pedir la horca para el Rey, propuesta jaleada por la televisión pública catalana. Al Ejecutivo solo le faltó aplaudir, y seguramente lo habrá hecho por lo bajines; al fin y al cabo no eran notables de su cuerda, y hablar de ellos, aunque sea insultando y de forma tan miserable, es un ajuste de libertades. Parece que la de expresión,algo tan serio, tanto sirve para un roto como para un descosido. Depende para qué. Lo era para el cabecilla de Podemos, cuando los escraches se organizaban contra la presidenta de la comunidad de Madrid y, creo recordar, contra la entonces vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, y no lo es ahora cuando los cacerolistas lo asedian ante el Casoplón de Galapagar, vergonzosamente protegido por un batallón de la Guardia Civil, con cargo al erario. Como se ve, la democracia lo admite casi todo, incluso la indecencia de algunos.
