LÁSTIMA que la habilidad de algunos políticos para echar balones fuera, evitando responsabilizarse de sus actos cuando reciben la crítica de la ciudadanía, no sea aprovechada para mejorar su gestión ante la sociedad. La prohibición de la caza del lobo, en vez de establecerse su control, se debe al Gobierno central, o eso es lo que trascendió y lo denunciado al menos por tres comunidades donde reside la mayoría de su población (Galicia, Asturias y Cantabria), a las que ni se les consultó, y que por lo tanto anunciaron respectivos recursos, pero aún así, aliados gubernamentales o sus afines políticos se entretienen en atribuir el desastre, o parte de él, a quienes, en principio, no son responsables directos de las escabechinas que, un día sí y otro también, ocasiona el lobo fuera de control. Es el caso, por ejemplo, de un senador socialista, que aprovechando su comparecencia para anunciar que el Gobierno destinará el próximo año veinte millones (bien poco parece) para hacer frente a los daños en la cabaña ganadera, da a entender que la responsabilidad principal en Galicia es de la Xunta, y que ellos, como son tan buenos y responsables, pagan los destrozos. Más o menos. Un ejercicio más de cinismo que solo merma su ya devaluada credibilidad
