CON SER la libertad de expresión un derecho consagrado por los preceptos democráticos, también tiene sus topes, delimitados por el Código Penal para sancionar injurias, calumnias y otras ofensas constitutivas de delito. Se supone que en ello se habrá basado un juzgado de Madrid para condenar al autor del poema, considerado machista, contra Irene Montero, portavoz de Podemos y pareja de Iglesias. Choca que el autor sea un magistrado y que la "alabanza" se haya publicado en una revista de una asociación de jueces, pero si se confirma la sentencia, habrá de desembolsar 50.000 euros de multa y otros 20.000 por la publicación, cuantía que hay quien considera excesiva para corregir un desvarío que no parece más oneroso que otros del mismo corte a los que se aplicó la absolución o el archivo de la denuncia, invocando la libertad de información. Vuelve a asomar la sospecha de la doble vara de medir, dependiendo de quién sea el agraviado. Cierto que cada juez o cada tribunal tiene su estilo y la ley admite flexibilidad, pero no tanta como para que hechos similares sean blanco o negro, según convenga. Y la señora Montero tampoco es ninguna dechada de moderación en sus expresiones y comportamiento.
