La injusta condena, posteriormente anulada al aparecer el verdadero culpable, a Dolores Vázquez por el asesinato en Mijas, en octubre de 1999, de Rocío Wanninkhof, evidencia la ligereza con que actúa la Justicia en algunos casos, como el que llevó a la cárcel 519 días a la betanceira. Más de diecisiete meses privada de libertad, sin que nadie le pidiese perdón por la estafa, y sin haber percibido, como sería obligado y razonable, indemnización alguna. Se la denegó el Supremo. Durante los últimos días se recreó el caso, y veinte años después cuesta mucho entenderlo. Y entender, sobre todo, cómo el jurado la declaró culpable sin prueba alguna, solo mediáticas, de telediario, para adoptar un veredicto de tanto calado. Pero por detrás del jurado popular estuvieron juristas, la Fiscalía y el tribunal profesional, sin que ninguno antepusiera reparos al fallo y, lo que es peor, no habiendo asesorado como debieran a quienes actuaron alegremente de oídas. Una vez más queda latente la inconsistencia y la frivolidad de los jurados en asuntos tan espinosos, en los que se requieren sólidos conocimientos jurídicos. Y no es el único caso, porque existen otros muchos parecidos, que no hacen más que aumentar la desconfianza y el mosqueo. No se ha de generalizar, pero la realidad es la que es.
