SEA CUAL sea el supuesto, legal, alegal o ilegal, es obsceno que la Generalitat premie con cargo y sueldazo de hasta 110.000 euros anuales a diez imputados y huidos del procés, con el pretexto de reparar y restituir lo que, según ellos, malogró la aplicación del 155. Pero en realidad se trata de una calculada ofensa y una provocación, como otras muchas, para seguir desafiando al Estado y, de paso, dejar bien sentado que Sánchez es un monigote en sus manos, perdido en un paripé de diálogo que solo sirve para que los golpistas tomen posiciones y vayan minando su capacidad de maniobra. O mucho peor, un agravio al resto de la ciudadanía, que paga religiosamente sus impuestos, utilizando dinero público para recompensar a presuntos delincuentes, pendientes de juicio y de probable condena, en un delito tan grave como saltarse todos los preceptos constituyentes, con salarios muy superiores al del presidente del Ejecutivo. Lo hacen muy a sus anchas, sintiéndose a salvo de cualquier intrusión estatal, después de que el Ejecutivo declinase judicializar más el conflicto, y sabedores de que el 155 difícilmente volverá a ser aplicado. Nada nuevo.
