NO SIEMPRE la vía represiva es la mejor fórmula a la hora de reconducir conductas improcedentes, pero se dan casos en que no queda más alternativa que la del castigo, sobre todo del bolsillo, a los transgresores. Sucede con quienes se resisten o se niegan a someterse a las prohibiciones impuestas por la pandemia; personas que desprecian a quienes les rodean, entra otras razones porque saben que si se les denuncia, la sanción nunca será efectiva. La sospecha de que gran parte de los correctivos no son más que papel mojado se confirma con la declaración de Alfonso Rueda, cuando el vicepresidente de la Xunta denuncia que un centenar de municipios gallegos no gestiona las multas, sin que se hayan acogido a la opción de que sea el Gobierno autonómico quien las tramite. Una grave irresponsabilidad que puede partir de la negligencia o pasotismo de los concellos, entornos conchabados de amiguismo, de votos o partidistas, lo cual exige que se investiguen para depurar las responsabilidades que se deriven de tales inobservancias. Y muy grave es la indecorosa cobertura que los infractores reciben de la Federación Gallega de Municipios y Provincias al calificar de "injustificadas" las manifestaciones de Rueda, apoyando, por corporativismo, el incumplimiento de la ley.
