SI ES como cuenta Miguel Ángel Revilla, la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones (nuera de Tezanos), le advirtió, cuando el presidente cántabro se afeitaba, de un inmediato registro en la Consejería de Obras Públicas por sospechas de corrupción.
Más que un soplonazo de amigo parece un chivatazo punible, con el posterior desenlace de las dimisiones del consejero, de otros dos altos cargos y con el jefe de Carreteras ya en prisión por recibir presuntamente dinero de empresas a cambio de adjudicaciones, y que hasta el momento no se vio correspondido con la destitución de la representante del Gobierno en dicha demarcación territorial, no solo por bocazas sino por torpedear la operación y desviar presumibles anomalías.
No todos los ‘soplos’ son iguales, porque depende de quién, cómo y para qué, pero es difícil que sean de tanta gravedad, por parte de quien tiene el deber de máxima discreción para que al registrado no le pille en ropas menores, con tiempo de salvar los muebles.
Sabido es que el éxito de los registros se fundamenta en la sorpresa y en evitar que el investigado se ate a tiempo los machos, pero si encima es la máxima autoridad quien le advierte amablemente de la incursión para evitar el susto, es como para tirarse de los pelos y preguntarse en qué país estamos.
